- Por Jorge Torres Romero
Las revelaciones de los videos del circuito cerrado perteneciente a la propia sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) confirman las acciones criminales que se estaban diseñando dentro mismo del local del partido el pasado 31 de marzo ante los ojos de las autoridades partidarias e incluso con insumos, para la elaboración de bombas molotov, guardados dentro de la oficina del presidente de esa nucleación política.
En la secuencia de los videos, insisto, registrados por las mismas cámaras del PLRA se ve cómo los azules con Efraín Alegre a la cabeza se prepararon para hacer frente a lo que ellos consideran un atropello a la Constitución Nacional luego de enterarse del tratamiento del proyecto de enmienda por parte de los 25 senadores, a puertas cerradas y a tambor batiente.
Los mismos jóvenes, que desde las 15:30 hasta las 16:15 del 31 de marzo estuvieron reunidos con Alegre en la sede partidaria diseñando las acciones a tomar luego del "atropello", son a quienes se los ve en las otras imágenes frente al Congreso arrojando piedras a los policías y los mismos que ingresaron al Parlamento generando destrozos y la posterior quema del edificio.
Hasta aquí, obviando la quema del Congreso, se podría hasta considerar una reacción legítima, una manifestación natural de actores políticos y jóvenes que interpretan una violación al orden jurídico y amparados por el derecho constitucional salen a las calles a resistir. Pero no, lo grave acá es la sucesión de hechos que se observan en los videos del PLRA posterior a la quema del Congreso y antes de que se diera el asesinato del joven Rodrigo Quintana.
Estos actores liberales fueron quienes al abandonar el Congreso y sus inmediaciones se dirigieron hasta el local del PLRA y en ese trayecto hubo denuncias y evidencias de saqueos y desmanes cometidos en locales comerciales y en el edificio del diario ABC Color.
Siguiendo la sucesión de hechos que se ven en los videos del PLRA, algunos de estos actores llegan al local partidario. Previo a la llegada, otros militantes de este partido meten en bolsas de basura de color negro los insumos para la elaboración de las bombas caseras (botellas con kerosene o alcohol).
La Fiscalía imputó el viernes a algunas de estas personas, incluidas a un menor de 17, a quien se lo ve en todas las acciones, desde la reunión con Alegre, en la quema frente al Congreso y es uno de los que posteriormente alrededor de las 23:30 del viernes 31 ingresaron nuevamente al local del PLRA junto al joven Brian Esteban Martínez (imputado) y son los que recogen las bolsas negras, van al patio trasero del PLRA, recogen una tela blanca y sobre una mesa despliegan las botellas, cortan la tela y preparan las bombas molotov que luego las distribuyen, y algunas las guardan en la oficina del propio presidente del partido. Todo esto se ve en el circuito cerrado del PLRA.
Mañana, en una publicación en La Nación vamos a mostrar la secuencia de los hechos en imágenes y un elemento revelador que hasta ahora no se mostró ni contó.
Ante esto surgen varias interrogantes. Por un lado vale aclarar que nada de lo ocurrido dentro del PLRA que revelan las imágenes justifica el asesinato de Quintana ni la acción policial, sino que es bueno también separar los hechos para comprender en manos de quién estaba la violencia esa noche, que no es lo mismo que una manifestación o reacción ciudadana motivada por la indignación.
¿Por qué las mismas autoridades del PLRA permitieron a jóvenes, algunos menores de edad, acciones violentas punibles? ¿Qué más querían incendiar con las bombas y cuáles serían esas consecuencias? Para nada se puede asumir al observar los videos que con las imputaciones fiscales exista un intento de criminalizar las manifestaciones ciudadanas. Quizás hubo algún ciudadano indignado que se manifestó, pero también hubo actores dispuestos a incendiar todo.
Por eso más que nunca es necesario que la Fiscalía lleve adelante una investigación sería, que no deje cabos sueltos ni que despierte sospechas de una parcialidad ni que sirva de excusa para decir que se trata de una persecución política.