Sin embargo, hay otras formas de cometer fraude electoral. Son tan graves como la estafa burda, aunque ocurren con anterioridad al acto electoral. Es lo que está haciendo Hugo Chávez en Venezuela. En otras palabras, ya pueden considerarse fraudulentas las elecciones regionales previstas para el 23 de noviembre en ese país, donde está previsto la renovación de 22 gobernadores, 326 alcaldes, 233 legisladores estaduales, dos alcaldes distritales y 20 concejales. Cualquiera sea el resultado, ya hubo fraude.

Esta elección en Venezuela no es “libre”, no es “limpia” y tampoco es “justa”. Y no lo será, aunque la oposición se sobreponga al fraude y consiga derrotar al protodictador caribeño, que no ceja en su empeño de emular a Fidel Castro y perpetuarse en el poder hasta que muera.
Si la oposición pudiera, finalmente, frenarle el paso a Chávez, eso supondría una situación similar a la que ocurrió en 1980 en Uruguay, cuando militares como el mandamás venezolano dirigían una cerrada dictadura. Ese año, los militares uruguayos quisieron legitimar en las urnas su ilegal ocupación del poder. Llamaron a un plebiscito para hacer una nueva Constitución que les permitiera alcanzar ese objetivo, llenaron de propaganda por el “Sí” a todos los medios de comunicación del país, amenazaron a los opositores, cerraron periódicos, prohibieron la participación de líderes políticos y encarcelaron a algunos de ellos. El fraude se había consumado antes del acto electoral. Pero, para sorpresa del mundo, el pueblo uruguayo votó mayoritariamente por el “No” y la dictadura aceptó el resultado. La dictadura y el fraude fueron derrotados.
Naturalmente, lo que pasó hace 28 años en Uruguay es la excepción a la regla. Porque la regla es que cuando los regímenes de fuerza, como aquél de Uruguay o éste de Venezuela, llaman a votaciones, ganan los regímenes de fuerza. Siempre puede haber sorpresas, pero la regla no cambia.
En los últimos días, el presidente paracaidista ya ha cometido fraude de diversas formas: advirtió directamente a la oposición que su gobierno constituye “una revolución armada”, dijo que quienes lo apoyan están “dispuestos a defender el proceso revolucionario” a balazos, está utilizando todo el poder del Estado para favorecer descaradamente a sus candidatos y para atacar brutalmente a los gobernadores opositores (Ramón Martínez, de Sucre, y Manuel Rosales, de Zulia, son sus blancos predilectos), tildándonos en actos de campaña como “mafiosos, “apátridas” o “asquerosos traidores”, amenazó a gobernadores y candidatos opositores con meterlos en prisión y anunció en Carabobo que si el pueblo elige a un gobernador opositor puede “terminar sacando los tanques de la brigada blindada para defender al gobierno revolucionario”.
Como se ve, no hay en Venezuela un clima de elecciones “libres”, “limpias” y “justas”, sino todo lo contrario. ¿Estarán tomando nota de este cuadro de situación los 130 “observadores internacionales” de la OEA o se sentirán satisfechos si el régimen les permite ver cómo se cuentan los votos en algunos circuitos el día 23? Que no se confíen, pues si a Chávez le va mal pueden acabar “controlando” el resultado electoral con el cañón de un tanque del Ejército apuntándoles a la cabeza.