Bloomberg News | Por Ryan J. Donmoyer
DeJongh dice que no tenía idea de que este acuerdo ayudaría a convertir al mayor productor de licores del mundo en el beneficiario menos esperado del programa TARP de ayuda para activos problemáticos aprobado por el Congreso cuatro meses más tarde.
La magnitud en la que docenas de empresas no bancarias se beneficiaron del plan de rescate financiero de emergencia, aprobado en octubre del año pasado, está empezando a salir a la luz.

La apresurada ley, adoptada en una votación del Congreso bajo la amenaza de un repentino colapso económico, incluyó exenciones fiscales ocultas para empresas en diversos sectores, como los constructores de las pistas de carreras de automóviles Nascar, cadenas de restaurantes como Burger King Holdings Inc., productores de cine y televisión, y Diageo de Londres.

“Es como el truco de lo que el mago oculta bajo la manga”, dice el ex presidente de la comisión de partidas y recursos presupuestarios de la Cámara de Representantes, William Thomas, republicano de California que encabezó la comisión de 2001 a 2007 y supervisó toda la legislación fiscal. “Metieron estas cosas en un proyecto de ley destinado a otros fines”.

El Congreso insertó los beneficios fiscales para empresas no bancarias en una nube de confusión y pánico luego de que la Cámara de Representantes rechazó el primer intento de financiar la ayuda bancaria propuesta por el entonces presidente George W. Bush y el secretario del Tesoro, Henry Paulson.

Partidas arcanas

Los legisladores aprobaron el paquete de partidas fiscales arcanas, que sonaban inocuas, pendientes del calendario. Faltaban tan solo unas semanas para las elecciones, y los legisladores estaban desesperados por regresar a casa para hacer campaña para su propia reelección.

Un año más tarde, los legisladores y el público están empezando a descubrir algunos de los curiosos subsidios que fueron escondidos en el TARP y otros programas masivos de intervención gubernamental. A los cuatro meses de haber entrado en vigor el TARP, el presidente Barack Obama logró que fuera aprobado un proyecto de US$787.000 millones destinado a fortalecer la economía del país.

Esa ley incluyó US$20.000 millones en incentivos fiscales para empresas que producen energía eólica y de otras fuentes alternativas, así como US$1.600 millones en ayuda relacionada con el tratamiento fiscal de deuda cancelada de Sprint Nextel Corp., el tercer proveedor de telefonía móvil de Estados Unidos, y otras compañías. Como el TARP, el programa de estímulo fue aprobado rápidamente, con poco escrutinio.

Acuerdos tras bambalinas

“Hubo un periodo breve notable en que no hubo transparencia, que estuvo plagado de acuerdos entre bambalinas y en que prevaleció la falta de información”, dice Jim Lucier, analista político sénior de Capital Alpha Partners LLC, empresa de Washington que monitoriza las leyes para fondos de cobertura e inversores institucionales.

Con respecto a las exenciones fiscales del TARP, Lucier dice: “Es ridículo, y es producto de la máquina legislativa de aprobar leyes como si se tratara de una fábrica de embutidos”.

Max Baucus, demócrata de Montana que encabeza la comisión de finanzas del Senado, pasó buena parte de 2008 buscando una manera de convertir en ley las disposiciones fiscales, dice Russ Sullivan, director de personal de la comisión. Baucus recomendó al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, de Nevada, que los incentivos fiscales fueran incluidos en el paquete de rescate de octubre, dice Sullivan.

Los incentivos fiscales, dijo Baucus a los senadores entonces, no serían controvertidos porque la mayoría ampliaba lo previsto en la ley actual y conseguirían el apoyo del Senado al proyecto de ley, dice Sullivan.

Sullivan dice que pasaron meses para que Baucus se enterara de que una de las disposiciones que fueron agregadas representaría unos US$2.700 millones para Diageo en los próximos treinta años. Eso se debió a que Diageo no estaba mencionada en el proyecto de ley y los legisladores no se percataron de que al extender la política fiscal subyacente que hizo el acuerdo posible en primer lugar, estaban ratificando el acuerdo del gobernador deJongh.

Puerto Rico

Paulson solicitó US$700.000 millones para el TARP. El Congreso sumó US$150.000 millones en incentivos fiscales y otros gastos cuando elaboró y aprobó el proyecto de ley en octubre. Si bien muchos legisladores no estaban enterados del beneficio de Diageo cuando votaron por el proyecto, los funcionarios de Puerto Rico sí estaban al tanto, y no les gustó.

El acuerdo de deJongh con la empresa británica de licores significaba que su territorio recibiría una porción mucho mayor de los dólares de impuestos federales por las exportaciones de ron, y Puerto Rico perdería ese dinero. “Nos enteramos de ello en marzo, cuando Puerto Rico se quejó”, dice Sullivan sobre el acuerdo de Diageo. La comisión está reexaminando ese acuerdo.

Otros beneficiarios

La ley, que incluye docenas de disposiciones poco detalladas, creó un nuevo tipo de beneficiarios del rescate.
Una, propuesta por un representante de Michigan, Dave Camp, el principal republicano en la comisión de partidas y recursos presupuestarios de la Cámara de Representantes que redacta los proyectos legislativos sobre impuestos, y apoyada por Baucus, ahorrará a los constructores de pistas Nascar US$109 millones en impuestos este año permitiendo amortizaciones más generosas.

Otros incentivos fiscales respaldados por Baucus ayudan a franquicias de restaurantes a hacer renovaciones acortando los tiempos de depreciación y reducen los impuestos pagados por productores de cine y televisión en US$478 millones en los próximos diez años para alentarlos a filmar en Estados Unidos.

Ron Bacardi

Puerto Rico --donde se asienta Bacardi Corp., que tiene la marca de ron más vendida del mundo según Euromonitor-- ha producido durante años más de ese licor que cualquier otra sede en el mundo. Como resultado de ello, la isla recibió la parte del león de la devolución impositiva estadounidense, o alrededor de US$400 millones por año.

La situación con Diageo reducirá ese monto a alrededor de la mitad. El dinero se usa para financiar programas de servicios públicos para sus 4 millones de habitantes, que son ciudadanos estadounidenses. Puerto Rico recibe US$4.260 por persona en gastos federal frente a un promedio de US$8.339 en los 50 estados estadounidenses, según información de la Oficina del Censo.
“Puerto Rico necesita ese dinero, y ahora. Como resultado del asunto con Diageo, vamos a perder mucho”, dice el secretario de Estado para Puerto Rico Kenneth McClintock.