Bloomberg News / Por Eliana RaszewskiA juzgar por la Historia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hará lo que quiera, recurriendo a los amplios poderes de la presidencia y al control sobre el Congreso que ejerce su partido peronista.
“Hay todo un sistema para asegurar que esos límites no funcionen”, dijo la senadora de la oposición Maria Eugenia Estenssoro. “Sus partidarios dominarán el panel de supervisión de los fondos, y ella puede cambiar los presupuestos por decreto. El Gobierno quiere el dinero para cubrir el déficit y aumentar el gasto para las elecciones legislativas del año próximo, y lo obtendrá”.
Cuando Fernández anunció su plan de nacionalizar 10 fondos privados de pensiones el 21 de octubre, dijo que el objetivo era proteger a los jubilados de la crisis financiera global. La medida causó un derrumbe de acciones y bonos argentinos por el temor a que las finanzas gubernamentales se estuvieran debilitando y otra cesación de pagos estuviera en camino, a los siete años de la última.
Si bien Fernández negó que tratara de “tomar el dinero” para amortizar la deuda o financiar nuevos programas, los legisladores de la oposición señalaron el historial argentino de promesas incumplidas a ahorristas e inversores a fin de exigir restricciones en el uso del dinero de pensiones nacionalizado. Apostando a una rápida aprobación de la ley, la mayoría gubernamental siguió adelante.
´Rentable y seguramente´

El proyecto de ley aprobado por la cámara baja el 7 de noviembre exige al organismo de seguridad social, la ANSES, invertir los activos “rentable y seguramente” y crea una junta de supervisión de 13 miembros. Limita el monto que puede prestarse al Gobierno a través de la compra de bonos, una forma solapada de reducir las obligaciones de la Argentina con los actuales bonistas. La deuda está colocada mayormente en instituciones europeas y estadounidenses como Credit Suisse Group y Federated Investment Management en Pittsburgh.

El Senado, donde el Partido Justicialista de Fernández también tiene mayoría, votará el proyecto de ley mañana.
Fernández podría evadir las restricciones usando la llamada “ley de superpoderes” que permite al presidente cambiar los presupuestos sin la aprobación del Congreso, dijo Felipe Noguera, de la firma porteña de investigaciones políticas Felipe Noguera Consultores.
“El Congreso puede decir lo que el Gobierno no puede hacer, pero ya hay una ley que le permite a este hacer lo que quiere”, dijo Noguera. “Podría haber juicios, pero el sistema de justicia es demasiado lento en la Argentina”.
Supervisión

Para tranquilizar a los jubilados, el panel de supervisión incluye retirados, trabajadores, empresarios, bancos, funcionarios gubernamentales y legisladores.

“Estoy de acuerdo en que las jubilaciones sean manejadas por el Estado”, dijo Horacio Delguy, agrónomo de 61 años en Buenos Aires, que planea jubilarse dentro de pocos años. “Mis dudas se relacionan con cómo lo hará el Gobierno. Tenemos una historia bastante triste en la Argentina”.Antes de que el país cayera en cesación de pagos sobre una deuda de US$95.000 millones en 2001, el Congreso declaró los depósitos bancarios “intocables” por el Gobierno para desalentar los crecientes retiros de fondos. Los depositantes estaban protegidos de permutas obligadas por deuda gubernamental, recortes de tasas de interés, pagos demorados o cambios en la moneda en que habían sido hechos los depósitos.
Nicolás Gallo, entonces secretario general del presidente, negó versiones de un congelamiento de cuentas, diciendo el 20 de noviembre de 2001 que “hay una ley del Congreso que declara sacrosantos los depósitos”.
Unos dos meses después, el Congreso suspendió la ley. Aprobó una devaluación de la moneda y la conversión de los préstamos y depósitos en dólares a pesos a diferentes tipos de cambio, lo que ocasionó pérdidas por miles de millones de dólares.
A los legisladores de la oposición les preocupa la posibilidad de que Fernández venda bonos gubernamentales a la ANSES, que debe hacerse cargo de los fondos, o desvíe impuestos destinados al pago de jubilaciones para cubrir el déficit del año próximo, dijo el diputado de la cámara baja Claudio Lozano.