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El gatopardo

Giuseppe di Lampedussa es el autor de “Il Gattopardo” una novela histórica sobre Sicilia, publicada en 1958, en la que se constata que alguna gente muy hábil recurre a cambiar lo superficial para evitar cambiar lo profundo, cambia todo para que nada cambie.
Viernes, 1 JUN 2012 - 21:45  |  
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Enrique Vargas Peña

Desde 1995 nuestros políticos ejercen sobre nuestro Poder Judicial una enorme influencia, que no tiene paralelo en democracia verdadera alguna del mundo. Ninguna democracia del mundo, ninguna, tiene un sistema institucional en el que, como ocurre en el nuestro, los políticos tengan el poder de influir permanentemente en la actuación de los jueces. El resultado evidente es que nuestra administración judicial ha sido completamente corrompida.

Lo que sigue es una transcripción literal del libelo acusatorio para un juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia, referida al ministro Antonio Fretes, presentado principalmente por diputados del bloque llanista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y por diputados de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE/oviedismo):

“1.3.-Promoción de la Acción de inconstitucionalidad para permanecer en el Cargo”.
“El Ministro Antonio Fretes incurrió en mal desempeño al promover la Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la Ley 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia” y las resoluciones dictadas en su consecuencia, con el propósito de permanecer en el cargo, soslayando el artículo 252 de la Constitución Nacional (…)El Ministro Fretes demanda que la Corte integrada por él mismo, a través de la Sala Constitucional, declare que el artículo 19 de la ley 609/95 no sea aplicado a su persona.El hecho de mal desempeño se configura cuando el Ministro Antonio Fretes se alza contra las disposiciones constitucionales que establecen la forma de designación y de confirmación de los Ministros de la Corte, y contra la autoridad competente en la materia que es el Senado de la Nación”.

“2.1.1.- Reiteración de resoluciones similares, por vía de la inconstitucionalidad”.  
El Ministro Antonio Fretes firmó varias resoluciones similares otorgando la supuesta inamovilidad a varios de sus colegas, Ministros de Corte, pero por la vía de la inconstitucionalidad.  Por Acuerdo y Sentencia N° 1149 de fecha 26 de noviembre de 2008 hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Ministro Víctor Manuel Núñez Rodríguez contra el artículo 19 de la ley 609/95 y el Acta N° 1029/08 del Consejo de la Magistratura.  Por dicha Resolución y con el apoyo de los Ministros Torres Kirmser y Alicia Pucheta de Correa resuelve declarar la inaplicabilidad del Art. 19 de la ley 609/95 y el Acta 1029 del Consejo de la Magistratura del 16 de junio de 2008, por ser su consecuencia en relación al accionante”.

Transcribí los citados puntos 1.3 y 2.1.1 referidos a Antonio Fretes no por ser los únicos que exponen la cuestión que deseo plantear, sino por ser los que la exponen de un modo más claro y evidente.   
 
El artículo 19 de la Ley 609/95 expresa: “Reconducción Tácita de la Función. Cumplido el período para el cual fueron designados, de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución y 8º de las Disposiciones Finales y Transitorias de la misma, los ministros de la Corte Suprema de Justicia seguirán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean confirmados o nombrados sus sucesores conforme con el procedimiento constitucional”.
 
Se observa que el artículo 19 de la Ley 609/95 interpreta nuestra Constitución en el sentido en que la han entendido numerosos integrantes de la Convención Constituyente que la redactó, sometiendo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia a las disposiciones del Artículo 252 de nuestra Carta Magna.
 
El Artículo 252 de nuestra Constitución dice que “Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su nombramiento”.
 
La interpretación de dichos constituyentes supone que los ministros de la Corte Suprema son magistrados como todos los demás jueces de la República y, en consecuencia, están sometidos a revisión por parte de los políticos durante diez años.
 
Una grave y aún no resuelta controversia constitucional estalló como consecuencia de ese artículo 19 de la ley 609/95, pues muchos ministros que desde entonces integraron la Corte Suprema se opusieron a la misma alegando que ellos son magistrados de un tipo especial, regidos por otras disposiciones de nuestra Constitución, en particular por su Artículo 261.
 
El Artículo 261 de nuestra Constitución dice que “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.”
 
El ex constituyente y actual senador Miguel Abdón Saguier sostiene que hay una diferencia radical entre ser removido del cargo (Art. 261) y no ser confirmado en el cargo (Art. 252).
 
La diferencia que Saguier arguye es un sofisma (“sofisma. Del lat. sophisma, y este del gr. σόφισμα.1. m. Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso”).
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua castellana dice que “remoción” es “1. f. Acción y efecto de remover.2. f.Der. Privación de cargo o empleo”. Y dice que “confirmar” es “2. tr. Revalidar lo ya aprobado. 3. tr. Asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad”.
 
Luego, “no-confirmar” es negar a alguien mayor firmeza o seguridad o rechazar lo ya aprobado; en el caso de los cargos judiciales “no-confirmar” es obviamente una cesación en el cargo, un despido, pues el cese en el cargo, el relevo, la finalización de la actuación, es su evidente e incontrovertible consecuencia práctica. “No-confirmar” tiene el mismísimo efecto práctico que “remover” y nuestra Constitución dice en su Artículo 261 que los ministros de la Corte Suprema solamente podrán ser removidos por la vía del juicio político y por ninguna otra.
 
Como sobre estos significados no ha habido acuerdo alguno, uno de los afectados, el ministro Antonio Fretes, recurrió al organismo que en nuestro país resuelve estar controversias, la Corte Suprema de Justicia.  
 
Es la Corte Suprema, y solamente la Corte Suprema, porque así lo ordena el Artículo 247 de nuestra Constitución que dispone que “El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpuesta, la cumple y la hace cumplir”.  Su Artículo 248 precisa que “Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso”. Su Artículo 259 determina que “Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 5. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad”.
 
Como consecuencia del recurso presentado por Fretes, la Corte Suprema de Justicia resolvió, como está en su derecho exclusivo y excluyente hacer, que la interpretación que tendrá vigencia en nuestra República es la de que el Artículo 252 de nuestra Constitución no rige para los magistrados ministros de la Corte Suprema, sino que para ellos se aplica únicamente su Artículo 261 y, por tanto, el artículo 19 de la ley 609/95 es inconstitucional (http://bit.ly/KyAJGr).
 
La inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema, su independencia plena frente a los políticos, es el cambio real que el Poder Judicial requiere. Con ministros libres de influencia política funciona la justicia norteamericana, la inglesa, la española, la alemana, la israelí, la italiana.
 
Pero los políticos autores del libelo acusatorio mencionado al principio, al incluir los ítems Fretes 1.3 y Fretes 2.1.1 pretenden revertir una sentencia legal y legítima de la Corte Suprema y, por tanto, restablecer la vigencia del artículo 19 de la ley 609/95 y, en consecuencia, volver a someter a los ministros de la Corte Suprema al Artículo 252 de nuestra Constitución.
 
Y lo que es peor, ocultan esto diciendo que los ministros de la Corte cometieron prevaricato al pronunciarse en este caso sobre el reclamo de un integrante de la misma (inhibido), pues todos tenían el mismo interés, como si el prevaricato fuera la misma cosa que la resolución de la Corte, que es la atacada concretamente en Fretes 1.3 y Fretes 2.1.1, cuando son cosas diferentes y diferenciables.
 
Es decir, pretenden restablecer el sistema por el que ellos, los políticos, tienen en sus manos la continuidad de los ministros en sus cargos, imponiéndoles su decisiva influencia en la marcha de la administración de Justicia (http://bit.ly/L3LLAG).
 
Hace veinte años que los paraguayos sufrimos las consecuencias de la influencia de los políticos en la administración de Justicia y el resultado es el sistema judicial más corrupto del Continente. El desastre de nuestro Poder Judicial se debe, totalmente, a que los políticos lo controlan (http://bit.ly/LmzcRe).
 
Los mencionados puntos Fretes 1.3 y Fretes 2.1.1 no tienen otro propósito que mantener el sistema tal como está ahora: Pretenden cambiar a los hombres que lo ocupan, para que todo el sistema siga igual.
 
 Material enviado el viernes 01 de junio a La Nación para su publicación en la edición digital

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