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DDHH en Paraguay, Amnistía lanza su informe

"El 2011 en Paraguay ha sido un año que ha señalado graves preocupaciones sobre la discriminación hacia grupos vulnerables, la violencia hacia las mujeres, el derecho a la educación y la defensa a defensores y defensoras de derechos humanos", señala Amnistía Internacional, sección Paraguay.
Jueves, 24 MAY 2012 - 11:20  |  
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Fabián Forestieri. Foto: Gentileza.
Reproducimos el documento:


"El Informe 2012 de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechos humanos durante el 2011. Contiene cinco perspectivas regionales y un análisis individualizado de 155 países y territorios, el informe muestra cómo el eco de las demandas de los derechos humanos continuó resonando en todos los rincones del planeta.

El año 2011 fue realmente turbulento. Millones de personas tomaron las calles para exigir libertad, justicia y dignidad; algunas lograron victorias memorables.

El éxito de los levantamientos registrados en Túnez y Egipto a comienzos de año desencadenó protestas en toda la región y posteriormente en el resto del mundo.

En Oriente Medio y el norte de África, las quejas y reivindicaciones acumuladas por las nuevas generaciones estallaron en las calles y provocaron la caída o pusieron en peligro la supervivencia de regímenes autocráticos que llevaban decenios gobernando con mano de hierro y hasta entonces parecían invencibles.

En Europa y Asia central, al igual que en la región de Asia y Oceanía, la gente combatió reiteradamente la injusticia y las violaciones de sus derechos. En algunos casos, los gobiernos respondieron intensificando el nivel de represión, que ya era asfixiante. Por ejemplo, los regímenes autocráticos existentes en varios de los Estados sucesores de la Unión Soviética reforzaron su control del poder aplastando protestas, deteniendo a líderes de la oposición y silenciando las voces disidentes.

La exigencia de derechos humanos también se hizo oír en toda América: en las calles, en los tribunales nacionales y en el sistema de justicia interamericano. Cobraron fuerza las peticiones de justicia formuladas por personas, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, y a menudo provocaron abiertos enfrentamientos entre personas y poderosos intereses económicos.

El informe pone de relieve el fracaso endémico del liderazgo local e internacional a la hora de proteger los derechos humanos. Muestra que la reacción de la comunidad internacional ante las crisis de derechos humanos a menudo se caracterizó por el temor, la prevaricación, el oportunismo y la hipocresía. La conferencia de la ONU que se celebrará en julio de 2012 para acordar un Tratado sobre Comercio de Armas, será una prueba de fuego para ver si los políticos son capaces de poner los derechos por encima de los propios intereses y los beneficios. Sin un Tratado sólido, la función del Consejo de Seguridad de la ONU como guardián de la paz y la seguridad mundiales parece abocada al fracaso, con sus miembros permanentes ejerciendo un veto absoluto sobre cualquier resolución a pesar de ser los mayores proveedores de armas del mundo.


2011: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PARAGUAY

En febrero de 2011, se evaluó la actuación de Paraguay en materia de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.

Los Estados expresaron preocupación por los derechos de los pueblos indígenas, la impunidad, los derechos de las mujeres y la discriminación por motivos de raza, origen étnico y orientación sexual.

Tras una visita realizada en marzo, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias, expresó preocupación por los retrasos en la promulgación de leyes contra la discriminación, por la falta de implementación de mecanismos contra la discriminación, sobre todo en la región del Chaco, y por la escasa presencia y capacidad de las instituciones del Estado.

En mayo se aprobó un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, tal como exige el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Se ha avanzado en la solución de los reclamos de tierras de algunas comunidades indígenas en 2011. Sin embargo, la falta de un mecanismo eficaz para la presentación de quejas y reclamaciones relativas a las tierras tradicionales sigue siendo una preocupación. En 2012 el gobierno llegó a un acuerdo con un propietario para la restitución de las tierras a la comunidad indígena Yakye Axa, según lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta es una victoria de la comunidad después de muchos años de lucha.

Amnistía Internacional está siguiendo de cerca la evolución de la restitución de las tierras a la comunidad indígena Sawhoyamaxa, quienes firmaron un acuerdo en setiembre 2011 con el gobierno y los actuales propietarios para iniciar el proceso de devolución de las tierras a la comunidad. En este último caso, se han expresado inquietudes en la supuesta deforestación de las tierras reclamadas por la comunidad.

En agosto, las autoridades reconocieron formalmente la reclamación de tierras de los kelyenmagategma y les transfirieron oficialmente la propiedad de 8.700 hectáreas, que permitieron a la comunidad recuperar parte de su territorio tradicional. La comunidad, que inició el proceso legal para reclamar parte de sus tierras en el año 2000, había sufrido amenazas y actos de intimidación que las autoridades no investigaron.

No se ha constatado avances significativos en las investigaciones sobre el presunto rociado con pesticidas en 2009 de las comunidades indígenas de Itakyry.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó en el mes de agosto la actuación de Paraguay, y recomendó la adopción de reformas para garantizar que el sistema de justicia proteja los derechos de los pueblos indígenas.

En julio, los abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), presentaron una acción de habeas data en la que solicitaban al fiscal general que demostrase las acusaciones que había realizado en la prensa, en las que afirmaba que los abogados de la coordinadora mantenían contacto telefónico con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Cuatro miembros de la organización Iniciativa Amotocodie, ONG que trabajaba para proteger los derechos de los grupos indígenas Ayoreo, que vivían aislados de la civilización en la región del Chaco paraguayo, fueron enjuiciados por diversos cargos, entre ellos “lesión de confianza”.

Las investigaciones sobre la organización comenzaron después de que esta declarase públicamente su oposición a una expedición científica llamada “Chaco Seco 2010” alegando que podía dañar los derechos de los indígenas aislados de la civilización, y seguían en curso al final del año.

En julio, Norberto Atilio Bianco, médico militar del centro clandestino de detención de Campo de Mayo, ubicado en Argentina y que estuvo en funcionamiento en la década de 1970, fue extraditado desde Paraguay por segunda vez para ser juzgado por apropiación de bebés nacidos de mujeres que habían sido víctimas de detención ilegítima y desaparición forzada.

En septiembre, las autoridades informaron de que los restos hallados en una fosa excavada en una comisaría de policía de Asunción, podrían pertenecer a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar del general Alfredo Stroessner.

En cuanto a tortura, el sistema de justicia militar investigaba las denuncias de tortura formuladas por al menos cuatro reclutas de la Academia Militar Francisco Solano López (Academil) de Capiatá.

Asimismo, desde la Sección Paraguaya de Amnistía Internacional, se ha observado que el Estado siguió postergando en 2011 la implementación de una política que asegura la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género, conforme a los compromisos asumidos ante la comunidad de naciones, merced a una fuerte campaña de sectores fundamentalistas.

En el mismo sentido, durante el 2011 Amnistía Internacional Sección Paraguaya ha venido exigiendo la aprobación de una ley integral que prevenga la violencia contra las mujeres. Informes oficiales señalaban un promedio de al menos 7 denuncias diarias sobre violencia de género.

En Paraguay, a partir de casos publicados por medios de prensa, se ha seguido denunciando la discriminación que sufren las personas por su origen étnico y su orientación sexual, no contando con mecanismos legales de reparación y/o prevención. A pesar de esto, el Congreso Nacional sigue sin aprobar el proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación, que fuera promovido desde una amplia red de organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos de grupos vulnerables de la sociedad.

En diciembre de 2011, el Estado ha presentado un proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos, lo cual señala un avance para el seguimiento y control de las acciones del Estado; pero aún se necesita mayor voluntad política para su implementación.

El Paraguay está expectante de sus líderes y lideresas para exigir el cumplimiento de aquello que es esencial para sus vidas: ser sujetos de derechos y partícipes de su destino.

La posibilidad de la mejora de la calidad de vida de cientos de miles de paraguayos y paraguayas se ve directamente implicada en una perspectiva respetuosa a los derechos humanos, que asegure a todos y todas, su dignidad como personas.

En puertas de un nuevo proceso electoral que señalará en el 2013 un nuevo escenario político-institucional, Amnistía Internacional hace un llamado e insta a los actores políticos y sociales a la expresión de una voluntad concreta traducida en hechos que permitan combatir la pobreza, la discriminación y la violación de derechos humanos en Paraguay".

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