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Caciques contra la independencia judicial

En nuestro Paraguay tenemos una administración de Justicia que deja mucho que desear. Los compatriotas que han debido pasar por nuestro sistema judicial saben que es una experiencia traumática, peligrosa, corruptora, esencialmente negativa.
Viernes, 13 ABR 2012 - 19:57  |  
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Enrique Vargas Peña

Ciertamente, muchas causas confluyen para producir este resultado lamentable pero la causa única más importante, la que contribuye más a que esto sea así, es la falta de independencia de los jueces con respecto a los caciques políticos.

Es muy fácil de entender, no hay que ser Cicerón o Aristóteles para comprender lo que está ocurriendo.
Cualquier abogado que desee desempeñarse como juez y construir su vida como tal sabe que sus ingresos, y, por tanto, su familia, su salud, la educación de sus hijos, sus bienes, dependen hoy de si satisface o no a los caciques políticos.

Los caciques políticos, jefes de los movimientos internos de los partidos y grupos políticos, tienen cuotas de poder en el Congreso mediante las listas sábana. Con esas cuotas de poder, negocian espacios de influencia desde los que pueden favorecer a sus negocios particulares.

Ejemplos hay muchos. Si alguien quiere trabajar en alguna institución pública, debe someterse a algún cacique, quien le obtiene el cargo a cambio de lealtad y disposición.

En el sistema judicial eso funciona mediante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde los políticos controlan quien será juez y si ese juez se “porta bien”.

En el Consejo de la Magistratura, que decide quién será juez, los caciques políticos tienen dos representantes directos, un senador y un diputado, sobre ocho miembros (Art. 262 de nuestra Constitución) y en el Jurado de Enjuiciamiento, que decide si los jueces se “portan bien”, tienen cuatro representantes directos, dos senadores y dos diputados, sobre ocho miembros (Art. 253 de nuestra Constitución).

No solamente para pretender ser juez hay que estar bien con los caciques. Para continuar siéndolo también, pues el Consejo de la Magistratura tiene derecho a “no confirmar”, cada cinco años, a los jueces que no están bien con los caciques.

Y durante todo el tiempo dentro del periodo de cinco años que no es revisado por el Consejo, los jueces deben seguir bien con los caciques porque están sometidos a su vigilancia mediante el Jurado de Enjuiciamiento, que los puede echar en cualquier momento.

Los senadores y diputados son los representantes directos, pero los ministros de la Corte Suprema eran los representantes indirectos de los caciques porque también ellos, los ministros de la Corte, estaban sometidos a un sistema parecido.

Los caciques políticos aplicaron desde 1992 una interpretación del Artículo 252 de nuestra Constitución según la cual los ministros de la Corte Suprema de Justicia también están sometidos a confirmación por parte del Senado, es decir, también están sometidos al poder de los caciques.

Los caciques políticos protegen, usando estos instrumentos constitucionales, sus esferas de negocios y sus esferas de influencia (los negocios de sus aliados y amigos).

Ningún juez paraguayo pone en riesgo su carrera, sus ingresos, su familia, su salud, la educación de sus hijos, sus bienes, tocando los negocios o las esferas de influencia de los caciques, que tienen así garantizada su impunidad.

Esa es la razón que explica por qué los funcionarios públicos corruptos que asolan a nuestro Paraguay gozan de la vida sin preocuparse de cumplir la ley. Sus asuntos tienen garantía. Son intocables.

Pero entre los años 2007 y 2009 ocurrió algo cuyas consecuencias los caciques no previeron entonces adecuadamente: Varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, por motivos que pueden ser los menos nobles que se quiera, resolvieron que la interpretación que el Senado hace del Artículo 252 de nuestra Constitución no es correcta y que los miembros de la Corte Suprema de Justicia no están sometidos a la confirmación quinquenal del Senado.

Se declararon inamovibles en virtud de lo dispuesto en el Artículo 261 de nuestra Constitución que dice que “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”.

La consecuencia que no previeron los caciques es que la inamovilidad generaba independencia en los jueces de la Corte Suprema no solamente en tanto tal, sino sobre todo, en los representantes de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Una de las acciones más importantes adoptadas hasta ahora con esa naciente independencia por los ministros de la Corte es el cuestionamiento de la ley Ley 3759/09 “Que Regula el Procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y Deroga las Leyes Antecedentes”, que deposita en el Jurado de Enjuiciamiento un enorme poder de fiscalización sobre los jueces, consistente con el poder de los caciques políticos.

La 3759/09 otorga al Jurado de Enjuiciamiento un marco procesal inquisitorial, contrario al dispuesto en el Artículo 17 de nuestra Constitución, que aumenta enormemente la capacidad de los caciques políticos de castigar discrecionalmente a los jueces.

El presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto, denunció que la Corte Suprema pretendía, con ese cuestionamiento, proteger a jueces vinculados al narcotráfico recordando que algo extraño motiva a la Corte desde que su actual presidente, Víctor Nuñez, validó la 3759/09 en una acción de inconstitucionalidad anterior.

El senador Oviedo Matto olvidó decir, en su denuncia, que el cuestionamiento de la Corte a la 3759/09, es también una clara amenaza al poder de los caciques sobre los jueces.

Es posible que las motivaciones de Víctor Nuñez sean todo lo extrañas que plantea el senador Oviedo Matto, pero la consecuencia práctica del cuestionamiento del ministro Nuñez es reforzar las garantías en que se sustenta la independencia de los jueces frente a los políticos.

Oviedo Matto nunca explicó qué necesidad hay de recurrir al método inquisitorial, propio de las dictaduras, para juzgar a jueces corruptos, pues los jueces corruptos también pueden ser juzgados por el método constitucional.
Es el método constitucional el que garantiza que los jueces no sean removidos arbitrariamente. Jorge Oviedo Matto reclama el poder de removerlos arbitrariamente, mediante el sistema inquisitorial.

Creo que al ver como la Corte Suprema, integrada ya por ministros inamovibles, empieza a moverse con independencia y a proteger a los jueces de la República de la arbitrariedad de los políticos, los caciques políticos entraron en pánico y resolvieron dar un golpe de Estado declarando la vacancia de los siete ministros inamovibles.

A mi modo de ver, la inamovilidad de los jueces es lo que favorece a la República y a la democracia, aunque los que la construyan sean los cuestionados ministros actuales de la Corte.
No deben estar tan equivocados puesto que la inamovilidad es lo que basa la independencia judicial en Estados Unidos, en España, en Japón o en Israel.

Material enviado para la edición digital de La Nación el viernes 13 de abril de 2012.

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