La bonanza de la ANR llegó a la Corte, luego de un período alejados de cargos de poder, un ministro de origen político colorado fue designado por un año titular de la Máxima Instancia Judicial sin contar con el voto de sus colegas liberales Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, quienes sugestivamente no estuvieron en la plenaria donde se eligieron nuevas autoridades judiciales en la víspera.

Con el rostro sonriente apareció en la sala de conferencias de la Corte, el ministro Núñez, tras ser electo por tercera vez y con seis votos de sus colegas como nuevo titular de la Máxima Instancia Judicial cargo que asumirá el próximo 24 de febrero.

Votaron por su presidencia, los ministros Luis Benítez Riera, Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta, César Garay, Gladys de Módica y Antonio Fretes.

“Muchísimos son los desafíos, siempre tenemos muchos y va a ser difícil enumerar porque realmente el Poder Judicial día a día tiene mayores desafíos y siempre como ya es costumbre estamos hablando de los problemas que tenemos que enfrentar como la morosidad judicial o la falta de transparencia en la actuación de los magistrados”, dijo al responder a preguntas de la prensa judicial.

El presidente Núñez aseguró que continuarán los trabajos estratégicos que se vienen realizando y “acelerar” para fortalecer las debilidades de la administración de Justicia.

Entre los proyectos más ambiciosos que pretende impulsar se encuentra, según el titular de la Corte, impulsar la digitalización de los juicios.

“Como ustedes ya saben está en vigencia la Ley de la Firma Digital, la Corte Suprema ya está autorizada para certificar esas firmas y vamos a avanzar lo máximo posible en ese aspecto”, indicó en otro momento de la rueda de prensa ofrecida ayer.

Otro punto que enfatizó el titular de la Corte en su tarea de “cumplir bien los deberes” durante su presidencia fue “garantizar al máximo la seguridad jurídica”.

Según el doctor Núñez “eso comienza con el buen funcionamiento de la institución, en la buena legislación, en el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la sentencia judiciales por parte de otros poderes y de la ciudadanía”, agregó.