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El poder paralelo

Enrique Vargas Peña

El tema de los autodenominados campesinos sintierra está agotado en lo referido al estudio de la naturaleza del fenómeno, de sus perspectivas, de sus resultados, de sus componentes: Todo lo que haya podido decirse, se ha dicho ya; todo lo que haya podido investigarse, ya se investigó.
Domingo, 17 JUL 2011 - 02:00  |  
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Nada nuevo diré, pues, al señalar que el mayor problema que los autodenominados campesinos sintierra plantean es el de la ruptura del estado de derecho; la idea con la que vienen trabajando tales grupos desde que aparecieron es la de que tienen alguna especie de licencia para reclamar sus supuestos derechos mediante la aplicación de la coerción y alguna especial potestad para hacer “justicia”, así, entre comillas, por mano propia.

La aplicación de la coerción para la obtención de un objetivo determinado, recibe, para este uso de los autodenominados campesinos sin tierra, alguna remanida justificación.

Los marxistas diseñaron, ya en tiempos de José Stalin o aún antes, una serie de muy eficaces eslóganes publicitarios para justificar su recurso a la coerción, los más célebres de los cuales son los que confunden situaciones desagradables o incluso injustas con hechos coercitivos.

“El hambre es violencia”; “la exclusión es violencia” o cosas parecidas de igual sentido mediante las cuales endilgan falazmente a determinadas situaciones oprobiosas una connotación del concepto “violencia”, que les otorga excusa para, ellos sí, utilizar la coerción.

“Violencia. Del lat. violentia. 1. f. Cualidad de violento. 2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder…Violento, ta. Del lat. violentus. 1. adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo. 2. adj. Que obra con ímpetu y fuerza. 3. adj. Que se hace bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarias…7. adj. Que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia”.

Se ve, al menos desde el punto de vista semántico, que el hambre o la falta de tierras son efectivamente coyunturas que están fuera de su natural situación, pero que salvo contadas excepciones en que se deban al ejercicio coactivo de alguna acción puntual, por ejemplo el robo, son, en general, el resultado de procesos históricos, que se pueden calificar de justos o injustos, que difícilmente se resuelven mediante la coerción.  

Pero según el sofisma marxista, como el hambre es violencia, por ejemplo, el hambriento tendría derecho a aplicar la coerción sobre otros para saciar su hambre. No importa que el otro sea decente, justo y trabajador.

En síntesis, la aplicación de la coerción para la obtención de un dominio inmobiliario por parte de los autodenominados campesinos sintierra, para apoderarse de terrenos sin discutir sus títulos en los tribunales sino imponiéndose ellos mismos en juzgadores, supone romper el monopolio estatal del ejercicio de la coerción legítima y supone desconocer el papel arbitral del Estado. Viola los Artículos 3 y 15 de nuestra Constitución.

Ya ni menciono aquí que en situaciones como las que nos imponen a los paraguayos los autodenominados campesinos sin tierra, estos se arrogan la definición de los límites de la coerción aplicable. Ellos deciden si alcanza con derribar un alambrado o si se necesita incendiar maquinaria agrícola. Ellos deciden y a nadie debe extrañar que algunos grupos hayan decidido que se necesita secuestrar y matar. Ya ni menciono esto.

La participación de políticos cercanos al presidente Fernando Lugo, como el gobernador de San Pedro, el liberal radical auténtico José “Paková” Ledesma, en mediaciones que tienen el efecto práctico de poner en pie de igualdad a quienes ejercen la coerción –los autodenominados campesinos sintierra- con las víctimas de la coerción contribuye a establecer como política pública la lógica de la confrontación de fuerzas y a deteriorar el estado de derecho.

Se premia con un reconocimiento que no merecen a los que rompen el monopolio estatal de la coerción legítima y desconocen el papel arbitral del Estado, mientras se condena a sus víctimas a rendirse y a aceptar condiciones impuestas fuera del marco legítimo.

El deterioro del estado de derecho conviene a todos los que no logran apoyo popular en elecciones. Conviene, por ejemplo, a las autodenominadas vanguardias del proletariado, esos pequeños grupúsculos de universitarios acomodados que se arrogan el papel de guiar a los menos favorecidos hacia el paraíso y despreciando, como Lenin despreció a la cocinera, la capacidad de los pobres.

Es en una situación de estado de derecho deteriorado, y en ninguna otra, en la que pueden medrar mediante poder fáctico adquirido. Los grupos marxistas de Fernando Lugo son una repetición de manual de los ejemplos clásicos de aprovechamiento del poder fáctico que otorgan las oficinas públicas para consolidar el poder político.

Lo que más lamento en toda esta situación es que en nuestra sociedad política haya tan poca gente que haya leído a Lenin, al menos sus obras básicas, “Las Tesis de Abril” o “Estado y Revolución”. Por eso estos grupúsculos comunistas han llegado hasta donde han llegado.

Y por eso el Congreso les está dando a los grupúsculos marxistas los instrumentos que necesitan. Los fondos del llamado gabinete social de la Presidencia de la República no han cesado de aumentar desde el 15 de agosto de 2008 y los controles sobre los mismos no han cesado de relajarse.

Lo prueba claramente el proceso de recolección de firmas para la reelección de Fernando Lugo, uno de los más prebendarios que se hayan dado en toda la larga y dolorosa historia de prebendas que hemos sufrido los paraguayos.

Los autodenominados campesinos sintierra plantean un problema político más que un problema social. El de si el Estado paraguayo puede o no garantizar su protección para todos por igual o si hay ciudadanos paraguayos a merced de fuerzas coercitivas privadas como la de los campesinos sin tierra.

Con personas normales, el presidente de la República es el garante constitucional de que el Estado asegure esa protección e impida la aparición de fuerzas coercitivas privadas. Lamentablemente, no estamos con personas normales y Fernando Lugo, violando el Artículo 3 de nuestra Constitución, les tolera a los autodenominados campesinos sintierra la licencia para aplicar la coerción e imponer condiciones judiciales.

Desde el pináculo del poder se está construyendo un poder paralelo, al margen del sistema electoral, que ya puede imponer fuera de los tribunales las condiciones de tenencia de la propiedad y que ya puede determinar la voluntad de acción de la Policía. Y se encaminan hacia establecer la hegemonía de ese poder paralelo sobre todos los demás.

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