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Reforma y no enmienda

Nosotros sabemos hoy que Stroessner concebía el programa de normalización política de una manera particular, con él mismo presidiéndolo de manera permanente.
Sabado, 11 JUN 2011 - 02:00  |  
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El domingo 6 de noviembre de 1932, bajo las disposiciones de su Constitución de Weimar, el pueblo alemán fue a las urnas para elegir su Reichstag (Parlamento).

El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán ganó esas elecciones con el treinta y tres coma uno por ciento (33.1%) de los votos. Siete de cada diez electores alemanes votaron por opciones diferentes al nacional-socialismo.

Luego de un inestable interregno político, los líderes del nacional socialismo y los del Partido Nacional Popular, que había obtenido un ocho coma cinco por ciento (8.5%) de los votos, acordaron una coalición que les daba, en conjunto, doscientos cuarenta y ocho (248) votos en el Reichstag, sobre un total de quinientos ochenta y cuatro (584) bancas. Seis de cada diez electores votaron por opciones distintas a los partidos de la coalición.

Así, con trescientas treinta y seis (336) bancas en manos de partidos distintos a los de la coalición, los nacional-socialistas y los nacional-populares formaron, el 30 de enero de 1933, un gobierno de minoría.

El 5 de marzo de 1933, un comunista, Marinus van der Lubbe, incendió el edificio del Reichstag y conmocionó profundamente a la opinión pública.

El Artículo 76 de la Constitución de Weimar establecía que “La Constitución puede ser enmendada vía legislación” (por el Parlamento). “Los cambios constitucionales son válidos solamente si al menos dos tercios de los miembros están presentes y al menos dos tercios de los presentes votan a favor de la enmienda”.

El 23 de marzo de 1933, a iniciativa del nuevo gobierno impulsada por la conmoción ocasionada por Van der Lubbe, el Reichstag aprobó una enmienda a la Constitución, bajo las provisiones del citado artículo, con el noventa y uno por ciento (91%) del quórum presente, por cuatrocientos cuarenta y un (441) votos a favor y noventa y cuatro (94) en contra.

La enmienda, conocida como “Ley de Habilitación”, modificaba los artículos 68 a 77 de la Constitución, cambiando el régimen de iniciativa de las leyes, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de legislar solo, potestad que hasta ese momento compartía con el Reichstag.

Se inauguraba así, con bases absolutamente legales, en un marco de completa libertad pública y sin violar formalidad alguna de la Constitución, la más horrenda dictadura que haya sufrido país occidental alguno, la de Adolfo Hitler, líder de los nacional-socialistas.

Una mayoría circunstancial de la representación del pueblo alemán, motivada por un evento pasajero, la destrucción de la sede de su parlamento, votó a favor de un cambio permanente del sistema de frenos y contrapesos que era la garantía de los derechos de los alemanes.

Esta es la razón por la que dieciséis años y seis millones de alemanes muertos después, el pueblo alemán capitalizó su historia y estableció nuevas reglas para asegurar que no vuelva a ocurrir un 23 de marzo.

Estableció, en primer lugar, que “el Poder Legislativo está sometido al orden constitucional” y que “Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso” –Artículo 20, Ley Fundamental de Alemania-.

Y dispuso que para aprobar enmiendas no solamente se requieren dos tercios de los miembros del Bundestag (parlamento federal), como era en la Constitución de Weimar, sino que agregó dos cláusulas que obligan a una consulta más amplia.

La primera, es que requiere también la aprobación de dos tercios de los miembros del Bundesrat (senado federal donde legislan los representantes de los Länder, estados federados) y, la segunda, es que no se permitirá “ninguna modificación de la presente Ley Fundamental que afecte la organización de la Federación en Länder, o el principio de la participación de los Länder en la legislación, o los principios enunciados en los artículos 1 y 20” –Artículo 79, Ley Fundamental de Alemania-.

El pueblo paraguayo también ha capitalizado su experiencia histórica. En efecto, hay que ser muy perverso para rechazar las lecciones del pasado.

El 4 de mayo de 1954 el general Alfredo Stroessner derrocó al presidente Federico Chávez, líder de la Asociación Nacional Republicana que ejercía el poder en calidad de partido único (como cualquier Partido Comunista).

Hay gente que pretende tergiversar la historia intentando que se olvide que el programa de Stroessner contenía dos elementos centrales: La estabilización económica y la normalización política.

Lo señalo para enfatizar el hecho que todos, incluido Stroessner, hacen declaración de buenas intenciones al inaugurar la aventura autoritaria. Los voceros de Fernando Lugo, por ejemplo, andan prometiendo que “una sola reelección nomás quieren”, pidiendo que se les crea a pesar de que entre 2006 y 2008 juraron resistir y oponerse a la enmienda como vía para la reelección que ahora están impulsando con todas sus fuerzas.

Nosotros sabemos hoy que Stroessner concebía el programa de normalización política de una manera particular, con él mismo presidiéndolo de manera permanente.

Hubo muchos instrumentos que permitieron a Stroessner lograr su propósito, y uno de ellos fue la figura de la reelección, lo cual se observa fácilmente al estudiar la evolución de su política institucional.

Usó la figura de la reelección que le prestaba el artículo 47 de la Carta Política de José Félix Estigarribia para hacerse reelegir en 1958 y en 1963; convocó a la Constituyente de 1967 para hacerse reelegir en 1968 y 1973 gracias al artículo 173 de la Constitución de ese año; convocó a otra Constituyente, la de 1977, para modificar ese artículo y hacerse reelegir en 1978, 1983 y 1988 y así llegó a treinta y cinco largos años de gobierno.

Esa es la razón histórica, aunque también hay razones conceptuales, políticas y lógicas, por la que los constituyentes de 1992 consideraron la figura de la reelección como parte de la duración del mandato y la incluyeron en un artículo, el 229, que solamente puede ser modificado por la vía de la reforma (Convención Constituyente), según lo ordena el Artículo 290 de nuestra Constitución y no por la vía de la enmienda.

Es para evitar, para impedir, para imposibilitar que una mayoría circunstancial y eventualmente exigua, motivada por algún evento pasajero, vote a favor de un cambio permanente del sistema de frenos y contrapesos que es la garantía de los derechos de todos los paraguayos.

La reforma, y no la enmienda, es la vía que garantiza que realmente todo el pueblo, y no una mayoría circunstancial y pasajera, consienta y autorice un cambio en un tema que, como lo demostró Stroessner, supone un riesgo cierto a los derechos de los paraguayos.

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