Lo de la edad de nuestra Carta Magna es tan ridículo que no merece contestación: La Constitución (no escrita) del Reino Unido cumplirá el 15 de junio setecientos noventa y seis años (796) y la Constitución de Estados Unidos cumplirá en setiembre doscientos veinticuatro años (224).
La gente seria y mínimamente versada sabe que el valor de una Constitución no se mide por sus años sino por su eficacia (“Del lat. efficacia.1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”).
El argumento de que nuestra Constitución fue elaborada al final de la dictadura y, por tanto, establece normas que ya no son necesarias, pone en evidencia que estos políticos han leído poco sobre constitucionalismo y que desconocen nuestra propia historia y la historia de América.
Hay Constituciones establecidas por los pueblos y hay leyes fundamentales impuestas por los políticos. Estigarribia, Stroessner, Chávez impusieron cartas a medida. Menem, Fernando Henrique Cardoso, Uribe, ajustaron a sus necesidades las constituciones de sus países.
Pero los pueblos establecen una Constitución al efecto de capitalizar experiencias y evitar que se repitan hábitos dañinos. También, claro está, para definir caminos hacia el futuro, pero siempre sobre la experiencia.
La Constitución de Atenas fue reformada por Clístenes para evitar la repetición de la dictadura de Pisístrato. Esa fue la Constitución que sirvió al siglo de oro de Atenas. La Constitución de Roma fue establecida para evitar la continuidad de la dictadura de los Tarquinos. Sirvió quinientos años hasta la reforma de Octavio y otros trescientos años hasta la reforma de Diocleciano, permitiendo a la ciudad conquistar y gobernar prósperamente al mundo mediterraneo. La Magna Carta fue impuesta a los reyes de Inglaterra para evitar los abusos impositivos y sus desarrollos siguen vigentes ochocientos años después, habiendo sido el marco que fundó la creación del Imperio Británico.
La actual Constitución de Alemania se elaboró con el deliberado propósito de evitar la repetición de la dictadura de Adolfo Hitler y permitió a los alemanes no solamente reconstruir su país sobre bases democráticas, sino convertirlo en una gran potencia. Fue elaborada en 1949, por lo que, según nuestros políticos, sería ya vieja.
En realidad, todo el mundo sabe que lo único que los políticos buscan es eliminar los límites al ejercicio de su poder. Leer aunque sea un poco a Lord Acton no viene nada mal: “El poder corrompe, el poder se expande, el poder se concentra”. Un político que dice que hay que eliminar los límites al poder surgidos de la experiencia autoritaria, solamente pretende tener poderes parecidos a los que tenía el señor Stroessner.
El pedido de autorizar la reelección lo prueba más allá de toda duda.
Ningún paraguayo de a pie ha sido perjudicado en modo alguno por la prohibición constitucional de la reelección. Nadie ha perdido su trabajo por ella. Nadie ha visto conculcados sus derechos por ella, al contrario.
Solo los políticos se sienten perjudicados, porque la prohibición de la reelección les impide perpetuarse. Y solo los políticos y sus clientelas prebendarias están detrás de eliminar la prohibición de la reelección.
Nuestra Constitución funciona bien. Ha sido eficaz en preservar la libertad de los paraguayos, lo cual es su propósito esencial y siendo eficaz no hay razón alguna, salvo la ambición de los inescrupulosos, para modificar las provisiones en ella establecidas como resguardo de la libertad, principalmente la prohibición de la reelección.
Esto no quiere decir que no haya que revisar nuestra Carta Magna. Hay que enmendarla, como se está haciendo, en todo aquello que refuerce su propósito originario. Pero no hay por qué tocar lo que ha funcionado bien.
La prohibición de la reelección tiene sólidos fundamentos históricos y teóricos. Es un riesgo permanente para la libertad y para el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas.
El 17 de junio de 1972 hombres ligados al Comité de Reelección Presidencial del entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon fueron arrestados instalando material de espionaje o robando documentos en las oficinas del opositor Partido Demócrata, en el edificio Watergate de Washington DC, para perjudicar a su rival, George McGovern.
La aspiración a la reelección de Nixon lo llevó a amenazar seriamente todo el sistema institucional norteamericano. Lyndon Johnson, antecesor de Nixon, forzó una interpretación de la Vigésimo Segunda Enmienda (que limita la reelección a un periodo) para que se le permitiera competir en las elecciones de 1968, a pesar de haber sido presidente ya durante dos periodos: Dijeron que como gobernó menos de la mitad del período del asesinado John Kennedy (14 meses), ese periodo no debía contarse.
Políticos de todo el mundo, como se ve, son inescrupulosos. Finalmente Johnson no llegó a su tercer periodo debido a la repulsa del electorado demócrata, que lo derrotó en la fase inicial de las primarias de 1968.
En Colombia ocurrió algo semejante para que Álvaro Uribe cambiara la Constitución de su país para poder aspirar a la reelección en 2006.
Los documentos revelados, entre otros, por Juan David Ortega, entonces asesor del secretario general de la presidencia colombiana, muestran cómo Uribe compró literalmente a senadores y diputados, usando fondos públicos, para que aprobasen la modificación de la Constitución.
Fernando Henrique Cardoso hizo lo mismo para lograr un cambio en la Constitución brasileña a fin de mantenerse en el poder. Las desgrabaciones de las conversaciones del entonces diputado Ronivon Santiago (Partido del Frente Liberal), que confesó haber cobrado doscientos mil reales por su voto, expusieron a un escandalizado Brasil cómo el entonces ministro de Comunicaciones de Cardoso, Sergio Motta, dirigió esta operación.
Ningún político tiene derecho a someter a su país a semejantes tensiones para satisfacer sus ambiciones personales. Sin embargo, hay políticos paraguayos que están en lo mismo. Son una vergüenza nacional.
