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DIARIO IMPRESO | NEGOCIOS
EJECUTIVO LIMITÓ LOS BENEFICIOS DE RÉGIMEN DE INCENTIVOS
Empresas prestadoras de servicios fueron excluidas de la Ley 60/90

En el decreto dado a conocer se aclara que la lista puede ser ampliada o restringida.

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28/07/2013
Las empresas dedicadas al transporte aéreo, terrestre, de telecomunicaciones e incluso de hospedajes turísticos, no podrán ampararse bajo la ley de inversiones.

Por Prince Otto

princeotto@lanacion.com.py

Ante el vacío que presentaba el Artículo 12 de la Ley 60/90 “Régimen de incentivos fiscales a la inversión de capital nacional y extranjero”, el Poder Ejecutivo mediante el decreto N° 11.462, estableció limitaciones para la concesión de beneficios a las actividades de prestación de servicios. Es decir, que las mismas no podrán acceder a la exoneración del 95% del Impuesto a la Renta proporcional a las ventas brutas generadas por la inversión efectuada al amparo de esta Ley, por un período de 5 años, contados a partir de la puesta en marcha del proyecto, según el cronograma de inversión aprobado.

Entre las actividades excluidas del amparo de la normativa se encuentran las dedicadas al transporte aéreo de carga y pasajeros, así como de terrestre de carga en general, público de pasajeros por carretera, urbano e interurbano de corta, media y larga distancia, incluyendo los de carácter internacional. También las que ofrezcan prestaciones de salud, radio, televisión y prensa escrita, que estén debidamente autorizados por la administración competente. A la nómina de excluidos se suman la telefonía rural o urbana, la móvil, además de los servicios de hotelería, apart hotel y otros tipos de hospedajes turísticos.

DISPOSICIONES

En el documento oficial queda aclarado, que la lista podrá ser ampliada o restringida por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los objetivos de la Ley 60/90 de promover e incrementar las inversiones de capital de origen nacional y/o extranjero. Para ello, se otorgan beneficios de carácter fiscal a las personas físicas y jurídicas radicadas en el país, cuyas inversiones se realicen en concordancia con la política económica y social del Gobierno Nacional.

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