• Por Óscar Germán Latorre
  • Abogado

La disputa entre los oficialistas y la oposición, incluyendo a sus aliados colorados disidentes, se ha salido totalmente de curso y amenaza seriamente la estabilidad económica de nuestro país, construida mediante los esfuerzos de muchos años.

Pero las tilinguerías de algunos políticos que, por cierto, son siempre los mismos, no se agotan con las amenazas y las coacciones contra órganos del Estado. Estamos ante una situación mucho más seria que el propio debate de la enmienda de la Constitución, porque los opositores y los colorados disidentes han demostrado que no solo están decididos a violar la Constitución sino que también a boicotear con todos los recursos legales e ilegales la gestión del Gobierno. Tal es el caso de lo que está ocurriendo actualmente en el Senado, donde los colorados disidentes y los opositores están emitiendo declaraciones y resoluciones tendientes a desconocer la legalidad de los bonos del tesoro que llegaren a ser emitidos por el Ministerio de Hacienda, conforme la ley de Presupuesto del 2016.

Según estos mercaderes de la política, violadores sistemáticos de la Constitución y pisoteadores de los derechos del pueblo a tomar sus propias decisiones en asuntos de interés nacional, el Ministerio de Hacienda no puede emitir válidamente bonos del tesoro por la suma de US$ 550.000.000 porque el Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley para el presupuesto general de gasto del 2017. Agregan que es el Parlamento el que debe aprobar esa emisión de bonos, aprobación que no existe debido al veto presidencial, que fuera admitido por ambas Cámaras del Congreso.

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Esta es una falacia que raya con la traición a la patria porque lo que buscan estos personajes que se dicen representantes del pueblo no es otra cosa que llevar a nuestro país a un estado de cesación de pagos. Si los bonos no son emitidos, no se podrán atender deudas vencidas ni refinanciarlas a menores tasas de interés. Obviamente no soy economista, pero un mínimo de racionalidad me permite resaltar algunos aspectos que denotan la inmisericorde campaña desatada por algunos parlamentarios y sus cómplices, los medios de prensa, para desacreditar al Gobierno y colocarlo ante la opinión pública como el responsable del default en el que inevitablemente se caerá de no atenderse en tiempo esas obligaciones contraídas.

Dos cuestiones sustanciales sirven para demostrar el total descarrilamiento mental, ético y jurídico de esos legisladores: El artículo 217 de la Constitución Nacional y el artículo 19 de la Ley 1.535/1.999 "De administración financiera", determinan claramente que de producirse el veto total o parcial del presidente la ley de presupuesto, sancionada por el Congreso, entrará a regir la misma ley que se encuentra vigente. En otras palabras, vetada la ley de presupuesto para el 2017, se aplica la ley de presupuesto del 2016 y no hay duda alguna de que esto es así.

El veto total o parcial de la ley de presupuesto es una potestad exclusiva del presidente de la República y, por tanto, su ejercicio no puede ser considerado como un acto de arbitrariedad, que nos conducirá al caos y que dejará sin recursos al estado para atender sus gastos, como lo afirman algunos medios de prensa. Esto es así porque por disposición constitucional y legal rige "la misma ley del año anterior".

El nuevo capítulo de esta historia de destrucción masiva del estado y del gobierno es que algunos Senadores manifiestan reiteradamente que los bonos del tesoro que llegaren a ser emitidos este año por el Ministerio de Hacienda, no serán reconocidos como válidos por el Congreso Nacional, por no haber sido autorizados por una ley de la nación.

Esta es una falacia fácil de refutar. Si la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera establecen que en caso de veto rige la ley de presupuesto del año anterior, las previsiones de ingresos y egresos que en esta se dispongan y autoricen se aplican igualmente en el ejercicio fiscal del año siguiente.

Si la emisión de esos bonos del tesoro está contemplada en la ley general de Presupuesto del 2016 y si esta rige también para el presente año, quiere decir que esa emisión de bonos está aprobada por una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo y tiene plena vigencia aun cuando hubiese sido aprobada el año anterior. En efecto, fue el mismo Congreso Nacional el que sancionó la Ley de Presupuesto del 2016 y sus disposiciones se encuentran en plena vigencia y seguirán así hasta que una ley posterior las modifique o las deje sin efecto.

Los más reconocidos economistas locales han advertido las terribles consecuencias sobre nuestra economía de continuarse con la intención de producir el default y de negar validez a los bonos del tesoro a ser emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Me resulta difícil calificar esta maquiavélica maquinación generada por un "grupete" de políticos, que no escatiman esfuerzos para desestabilizar política y económicamente a todo el Paraguay, haciéndolo perder su imagen de país seguro y confiable para las inversiones y de un estado serio y responsable para atender los compromisos económicos contraídos.

Lo más irónico de todo esto es que se autodenominan demócratas y defensores de la constitución pero ¿quién nos defiende de esos bárbaros, de sus mentiras y maquinaciones?

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