Ante la inminente destitución del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), la Defensora General suspendida, Noyme Yore, y su protegido, el político liberal efrainista Germán "Yiyo" Fatecha, ex director de Planificación de la institución, iniciaron en diciembre del 2016 los trámites para ser beneficiados con la jubilación.

De acuerdo con los datos, la defensora general suspendida Yore recibiría la suma de G. 41.040.269 como jubilación. Mientras que su mimado, Fatecha se jubilaría con G. 25.887.946. Según el documento al que accedió La Nación, "Yiyo" Fatecha fue el primero en presentar las documentaciones a la Dirección de Gestión de Talento Humano del MDP, organismo que remitió al Ministerio de Hacienda el legajo del ex director de Planificación de la mencionada institución para que sea beneficiado con la jubilación.

La nota Nº 63 remitida por el director de talento humano del MDP, Juan Carlos Duré, al Ministerio de Hacienda señala "Me dirijo a usted a fin de comunicar que esta institución está dando a los trámites jubilatorios de conformidad a la Ley Nº 4252/10 del funcionario Germán Domingo Fatecha Feliu, quien está a cargo del Director General y se adjunta todos los documentos como ser fotocopia autenticada de cédula de identidad, formulario de solicitud de registro, decreto de nombramiento, formulario de historial laboral, legajo personal y certificado de antecedente penal", expresa el documento, que ya está a cargo de dicha cartera de Estado.

Igualmente, Talento Humano del MDP, a través de la nota 65 de fecha 28 de diciembre del 2016, comunicó que la institución que defiende a los reos pobres está dando inicio a los trámites jubilatorios de conformidad a la Ley Nº 4252/2010 de la funcionaria Noyme Yore Ismael con el cargo de Defensor General. En este caso, los documentos presentados por Yore fueron: formulario de solicitud de registro debidamente completado, decreto de nombramiento, formulario de historial laboral, legajo personal, certificado de antecedente penal entre otros.

La Corte Suprema de Justicia en su última sesión del 2016 hizo lugar a la suspensión de sus funciones de la defensora general Noyme Yore, quien fue enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño en sus funciones, tras la denuncia hecha por el defensor del pueblo Miguel Godoy.

También Yore se encuentra procesada por el delito de usurpación de funciones públicas desde marzo del año pasado, luego de que la jueza penal de garantía, María Gricelda Caballero, admitió la imputación presentada por los fiscales Josefina Aghemo y José Dos Santos. En la imputación, los representantes del Ministerio Público alegaron que Yore violó el artículo 23 de la Ley Nº 4423/11 al designar como nuevos defensores públicos a los abogados particulares Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Ramón Vera Gamarra, hoy también procesados.

El apartado explica claramente que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de designar a los defensores públicos, previa selección en ternas por el Consejo de la Magistratura.

La Nación publicó en los últimos meses una serie de presuntas irregularidades en la gestión de Yore al frente del MDP. Una de ellas hacía referencias a los casos de supuesto nepotismo en la institución, como por ejemplo, el nombramiento a cargos importantes del chofer de Yore y parientes de este funcionario sin que él ni sus allegados tengan la capacidad técnica requerida.

Se trata de Julio César Figueredo, quién llegó al Ministerio de Defensa como chofer de Yore y luego fue ascendido a "fiscalizador de obras", sin que reúna los estudios técnicos requeridos para ocupar dicho cargo. Figueredo además ubicó dentro del MDF a sus dos hijas, Leticia Beatriz Figueredo y Sonia Karina Figueredo, y a su hermano, Zenón Vicente Figueredo, como "carpintero" de la entidad pública.