La presente bonanza económica que vive el país, especialmente a nivel macro, se fundamenta en varios sectores como la industria o la ganadería, pero entre ellos se destaca principalmente el sector de la construcción, que ha experimentado en los últimos años un verdadero boom. Tanto ha sido el progreso de este sector (en cifras que ronda el 13% en el 2016), que para el Fondo Monetario Internacional (FMI) es hoy por hoy el principal motor económico del país.

Sin embargo, este ímpetu de la economía local debe traer aparejado también un sinnúmero de reformas que deben acompañar este crecimiento, de tal suerte a no relegar áreas que necesariamente tienen que ir desarrollándose.

De manera profusa, La Nación ha descrito en sus páginas una serie de obras y reformas de progreso que deben acompañar este crecimiento: desde los trabajos de asfaltado, alcantarillado y desagües pluviales hasta obras anexas a la infraestructura propia de una ciudad que crece no solamente en habitantes, sino en demanda de servicios.

Una buena parte de estas labores está en ejecución o en planes de ejecución por parte de entidades del Gobierno, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), o por municipios como el de Asunción y de otras localidades del Área Metropolitana, a los que se destinan millones y millones de dólares.

Pero un área sensible, prioritaria y de urgente atención es, sin dudas, la provisión de energía eléctrica. Sabido es que el Paraguay se posiciona como uno de los mayores productores a nivel mundial de energía limpia, en base a su enorme capacidad de generación hidroeléctrica.

Gracias a la represas Itaipú y Yacyretá, nuestro país se ha erigido en campeón en producción de electricidad, lo que quiere decir, en otros términos, que el Paraguay no soporta un déficit de generación, sino de distribución. En este punto es de suma importancia adaptar y mejorar las condiciones de este sistema, pues a medida que vaya creciendo el país, mayor será la demanda de energía.

Por ello, para estar a la altura de esta necesidad hay que invertir y fomentar aquellas obras de infraestructura afines al área eléctrica que permitan acompañar este y así lo está haciendo el Estado.

En este sentido, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) está embarcada en potenciar el sistema a través del emplazamiento y construcción de subestaciones y ajustar esas condiciones de tal suerte a que el aumento del consumo no signifique un problema adicional, con los impopulares cortes del suministro en días de excesivo calor.

A la acción estatal han habido obstáculos en el camino, ya que la idea de impulsar este acondicionamiento eléctrico no fue recibido con beneplácito por la ciudadanía de algunas zonas de la capital y del Área Metropolitana.

Hay que mencionar aquí los casos de los barrios Mburucuyá, en Asunción, y Molinos, en la ciudad de Luque, donde los vecinos de estas dos áreas han coincidido en sendas demandas ante la Justicia para paralizar las obras, en una medida poco comprensible y que raya lo absurdo.

Alegan que la construcción de subestaciones de electricidad, vitales para neutralizar la ocurrencia de cortes del suministro, representa un peligro para la salud de los vecinos.

Afortunadamente, y pese a los argumentos esgrimidos por los vecinos de estos dos barrios, el sistema judicial ha respondido con criterio y rechazó los pedidos para paralizar estas obras de progreso. Las obras de progreso no pueden detenerse en caprichos de unos pocos, en detrimento del bienestar general; ese es el criterio que felizmente terminó imponiéndose a nivel judicial.

Para que un país crezca en su infraestructura es necesario que no solo se acompañe con políticas de desarrollo, sino haber principalmente un equilibrio entre la calidad de los servicios ofrecidos y sus recursos.