Tras semanas de tensión, en los que sucedieron episodios violentos que no contribuyen a disminuir el ambiente de conflicto que se registra en esta rica región del departamento de Caaguazú, finalmente los protagonistas de este capítulo de la colonia Guahory acordaron una tregua por los próximos 20 días.

El acuerdo arribado aunque frágil pone de relieve la intención a dialogar de las partes intervinientes, tanto campesinos, colonos de la zona y del sector del gobierno (presente a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). La intención mostrada por todos es buscar soluciones satisfactorias para todos los sectores.

Es indudable que para que este acuerdo tenga efectos positivos y reales, en especial de largo tiempo, es necesario que cada una de las partes afectadas cumpla cada uno de los términos pactados, cada estamento tiene un papel que cumplir en esta agenda.

Uno de los puntos más importantes a los que se arribó es la intención de evitar todo tipo de violencia, ya sea a través de provocaciones o de agresiones directas, a fin de pacificar el ambiente bastante caldeado de las últimas dos semanas. Así también, el Indert tiene un rol preponderante ya que esta entidad estatal, así como otros organismos afines, debe facilitar los procedimientos técnicos, de registro, identificación, censo y otros puntos relativos a zanjar esta problemática.

Más allá de una cuestión legal, que existe y que se reconoce, gran parte de este problema recrudeció en las últimas semanas por la influencia de dirigentes políticos inescrupulosos que buscaron sacar tajada en este conflicto y que hallaron en la desesperación de humildes compatriotas combustible suficiente para sembrar el resentimiento.

La Nación estuvo en esta región hace algunas semanas y pudo recabar sólidos argumentos sobre esta influencia. Fueron los colonos afectados quienes advirtieron que los labriegos invasores no utilizaban las parcelas ocupadas, sino que las alquilaban a políticos locales, quienes contarían con el apoyo de legisladores, entre los que se encontraban algunos connotados senadores como Miguel López Perito o Luis Alberto Wagner, además del dirigente liberal Efraín Alegre, cuya actividad sesgada claramente ayudó a crispar el ambiente.

Por ello, es más que beneficioso el punto del acuerdo que hace relación a evitar la difusión de informes no veraces, o contaminados de forma política o partidaria, en la difusión de datos falsos, sesgados o tendenciosos que figura en el pacto que ayer a la tarde se hizo público.

Este período de tregua abre una ventana para el diálogo, pero este debe basarse en lo que estrictamente se ajusta a la ley y, en especial, del respeto sin condiciones de la propiedad privada.

Las vías de solución que propone el Indert se pondrán en la mesa negociadora las próximas semanas. Entre ellas se encuentra la reubicación de las familias campesinas que están en pie de guerra, que es el camino más fácil; y la otra alternativa pasa por una expropiación de los campos que se reclama, una vía mucha más engorrosa y compleja pues requiere de la intervención del Congreso para autorizar ese procedimiento.

Las negociaciones que se hagan en los próximos días van a dilucidar el nivel de compromiso de cada una de las partes, de ver hasta qué punto hay madurez en el diálogo. En la mesa de negociaciones todos tendrán voz y oportunidad de intervenir en la toma de decisiones.

Finalmente, el caso de la colonia Guahory pone de manifiesto también que más allá de este acuerdo inicial en lo que no se puede transigir es que la justicia y equidad social, así como la igualdad de oportunidades, no puede fundamentarse sobre el atropello a los derechos de terceros, no se puede generar una suerte de invasión a propiedades privadas que ya cuentan con títulos de propiedad inscritos en Registros y Catastros. Sí al diálogo, pero no al atropello.