Grandes e interesantes discusiones se dan hasta ahora sobre si es conveniente o no que un Estado respalde económicamente a los partidos políticos como método para frenar cualquier intento de que estos sean tentados por el llamado dinero negro.

Algunos consideran que las agrupaciones políticas no deben tener ayuda económica pública, mientras que otros, con el mencionado argumento de que se debe precautelar el financiamiento político, entienden que lo mejor es destinar dinero del Estado a ese efecto.

En América Latina hay diferentes sistemas respecto al financiamiento público y privado para los sectores políticos que estén vinculados a procesos electorales. En algunos, se decidió no destinar dinero estatal, mientras que en otros hay aportes y subsidios parciales o totales de parte del mismo Estado.

La idea central es lograr que los partidos, movimientos, concertaciones y alianzas mantengan una administración "limpia", ajustada a las legislaciones de cada país.

En Paraguay, en el que se cuestionan muchas veces los fondos de los partidos políticos para las campañas electorales, la ley establece que el Estado debe respaldar a los sectores que participan de elecciones en dos conceptos: Aporte electoral, destinado a los que logren obtener representación parlamentaria; y el subsidio electoral, que cubre parte de lo invertido en una campaña electoral.

En este momento, la Justicia Electoral se encuentra entre la espada y la pared por el pago del subsidio correspondiente a las municipales del 2015. Está a punto de distribuir entre 53 agrupaciones más de 20.900 millones de guaraníes. De acuerdo con lo establecido en la legislación, corresponde el pago, pero si se cumple con todos los requisitos. Y en este punto, existe un gran problema que de confirmarse, el pago se estará desoyendo disposiciones legales.

La importancia de esta prevención o la detección temprana no tendrán los efectos deseados si no hay conciencia, si no existe educación sobre los síntomas y las formas de detección de todos estos males.

En resumidas cuentas, se debe señalar que la Contraloría General de la República cuestionó el 60 por ciento de las rendiciones de los sectores que se han beneficiado, principalmente porque presentaron recibos comunes, sin validez alguna.

Gran parte de las rendiciones de cuentas presentadas no se adecua a los parámetros establecidos en la Ley 4743/12 de Financiamiento Político, según el propio informe de la Contraloría. Es decir, si se toma la ley y la rendición realizada por los sectores, estos solo deben recibir el 40 por ciento que pudieron justificar.

Pero la propia Justicia Electoral, presionada por las agrupaciones políticas, ya decidió transferir el dinero dejando como letra muerta lo que establecen las leyes. El organismo electoral, afectado por numerosas denuncias por el manejo administrativo, con autoridades y funcionarios procesados por casos de planillerismo o cobros indebidos, de vuelta se presta a ceder a la presión política y de concretarse el pago como se pretende, se ubicará como cómplice del permanente saqueo a las arcas públicas.

La argumentación de los sectores políticos beneficiados con el subsidio es que siempre presentaron recibos comunes como documentación respaldatoria y que no son contribuyentes. Ese mismo argumento se usó en el 2013, pero se comprometieron a sanear sus balances. De vuelta incumplieron lo que establece la ley.

Entonces, cabe la pregunta por qué debería la Justicia Electoral transferir todo el dinero correspondiente al subsidio si los beneficiados no cumplen siquiera con los mínimos requisitos.

La Ley de Financiamiento Político, que aún requiere de muchos ajustes, fue creada para reforzar y mejorar aspectos del Código Electoral y debe ser respetada por los sectores políticos. Y la Justicia Electoral debe aplicarla, obviando las presiones. De lo contrario, todo el esfuerzo por sanear el uso del dinero público quedará en saco roto. Aquí la responsabilidad principal está en manos de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que deben definir si siguen manteniendo las viejas prácticas o empiezan a sanear en serio este controversial proceso.

En la lógica de las discusiones que se dan en torno a los subsidios y aportes, cabe preguntarnos si, con estas irregularidades, los sectores políticos deben seguir recibiendo dinero estatal mientras mantengan estas prácticas tan absurdas como justificar sus gastos con recibos comunes.