La lucha campesina no debe ser manchada por los intereses de políticos que desean aprovechar las necesidades de una clase bastante golpeada por la desidia de gobiernos anteriores. Nadie puede negar la existencia de una deuda del Estado con los sectores más carenciados, pero ello no puede convertirse en un arma política para destruir e instigar a la violencia.

La práctica de usar la necesidad de la gente es nefasta y perversa.

El caso de la invasión de tierras en la zona de Guahory, departamento de Caaguazú, genera una serie de dudas respecto a la actuación de determinados denominados líderes políticos que abiertamente están en campaña electoral ya con miras a las elecciones generales del 2018.

Un grupo de dirigentes se autoproclama como vocero de las familias que fueron desalojadas por una orden judicial y, más que eso, rayan la ilegalidad amenazando a las instituciones públicas. Este tipo de acciones deben ser investigadas por los órganos competentes para que la práctica de instigar a la violencia sea desterrada del país.

El ministro del Interior, Francisco de Vargas, en nombre del Gobierno, hizo un acertado llamado a la cordura y mesura a los políticos de la oposición, para evitar la violencia. A decir del secretario de Estado, algunos están haciendo un llamado que puede desembocar en enfrentamiento entre paraguayos. Consideró que el único objetivo de este sector es la "provocación y el enfrentamiento".

Esta clase de advertencias se han realizado en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra historia, pero el interés político ha primado a lo largo de estos años causando serios daños a la misma lucha campesina, incluso enlutando a familias con lamentables hechos.

Se ha escuchado desde las carpas de la oposición que no se permitirá un atropello a familias campesinas, pero se omite señalar que el debate sobre la tierra en esa misma zona no está precisamente en decisión de los órganos de seguridad, sino en la justicia. En ese sentido, se debe indicar que la Policía Nacional ha cumplido una orden judicial, haciendo prevalecer el Estado de Derecho.

Este caso, así como muchos otros en varias zonas del país, debe llamar la atención de las autoridades judiciales, atendiendo a que la actuación política en estos asuntos es sistemática y bien organizada.

En otro escenario, campesinos nucleados en la multisectorial mantienen latentes movilizaciones en varias localidades del interior, con el anuncio de llegar a Asunción para reclamar al Gobierno supuestos incumplimientos de un acuerdo firmado en abril pasado, tras la larga protesta labriega que copó las calles de la capital y generó un caos. Sobre el punto, hay que señalar que según el Gobierno todos los puntos establecidos en el acuerdo firmado han sido cumplidos o vienen siendo gradualmente tal cual se consensuó con el sector.

La multisectorial, sin embargo, hace unas semanas puso nuevos requerimientos al Ejecutivo que no tienen razón de ser, porque algunas decisiones no están en poder de este estamento. Por ejemplo, el nuevo reclamo es la liberación de los condenados por la masacre en Curuguaty, que está en el campo de la Justicia, no en el del Ejecutivo. Otro de los pedidos se refiere a la condonación de deudas, algo prácticamente imposible por la implicancia económica que tendrá.

Además, reclaman la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un tema analizado y discutido por varios sectores que han considerado que será un fatal error dejar sin efecto esa medida porque la zona norte quedará desprotegida. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha convocado en reiteradas ocasiones al diálogo para llegar a un nuevo acuerdo, pero la dirigencia campesina del sector no mostró ni un ápice de interés.

El primer día de movilización campesina (el lunes), que no tiene el respaldo de grandes organizaciones como la Federación Nacional Campesina (FCP), no tuvo la fuerza que esperaban sus dirigentes, probablemente porque una buena parte del campesinado entiende que los pedidos, más que reclamos legítimos, son posturas políticas que tienen otros objetivos.

Si pretendemos un estado de derecho, la tranquilidad y la paz que todos deseamos, las actitudes que hagan prevalecer los intereses políticos o personales tienen que ser depuestos. No es posible la reconstrucción de un país con actuaciones que, antes que tratar de solucionar los problemas, pretendan instigar a más violencia.

Debe primar la cordura, la responsabilidad y el compromiso real con el país. Ese debe ser el norte del Poder Ejecutivo, de los demás poderes del Estado y de la clase política. Ya nadie quiere enfrentamientos que, antes que mejorar la situación en el campo, hagan el clima de diálogo imposible.