Medio siglo de sangrienta lucha en Colombia quedó a un plebiscito de concluir. La guerrilla de las FARC y el gobierno suscribieron un acuerdo definitivo de paz para comenzar a extinguir el último conflicto armado en América, que ahora deberá ser sometido a votación el 2 de octubre.

Durante casi cuatro años de diálogos en Cuba, las partes se pusieron de acuerdo en seis grandes asuntos para terminar con un enfrentamiento que deja 260.000 muertos, unos siete millones de desplazados y 45.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

Además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los agentes del Estado, en el conflicto han participado grupos paramilitares de ultraderecha y organizaciones guerrilleras más pequeñas, todavía vigentes.

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De complejo contenido jurídico y técnico - y no exento de variadas interpretaciones-, el pacto de La Habana prevé en esencia que las FARC se desarmen y se conviertan en un partido político, lo que solo comenzará a concretarse con la aprobación del plebiscito, señala la agencia AFP.

Con Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes, además del apoyo de EEUU, el papa Francisco y Naciones Unidas, el acuerdo de paz contiene los siguientes compromisos:

Fin de la guerra.

Activo desde 1964, el conflicto con las FARC está prácticamente detenido desde julio de 2015 cuando los rebeldes suspendieron unilateralmente sus acciones y el gobierno, en respuesta, interrumpió los bombardeos meses después.

ONU verificará desarme

El alto al fuego bilateral y definitivo empezará a regir una vez entre en vigor el acuerdo de paz. Entonces, las FARC entregarán la lista completa de sus miembros (el gobierno estima que son unos 7.000 combatientes), se concentrarán temporalmente en 23 zonas y ocho campamentos de Colombia, y dejarán las armas en un plazo de seis meses. Todo esto se hará bajo verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la ONU. Los fusiles serán fundidos y se levantarán tres monumentos.

Víctimas, reparación, negocio del narcotráfico

Las víctimas del conflicto serán cobijadas por un sistema que buscará garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de que jamás volverán a sufrir violencia. El esquema prevé la creación de tribunales especiales con un total de 48 magistrados - 10 de ellos extranjeros - que juzgarán a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en delitos graves como secuestro, violaciones sexuales, desplazamiento, reclutamiento de menores, entre otros.

Quienes confiesen su responsabilidad en este tipo de acciones podrán evitar la cárcel, de lo contrario pagarán condenas de ocho a 20 años. Al final será la corte especial la que determinará la pena alternativa y la reparación, que en el caso de las FARC no está claro si lo harán con recursos propios. Sin embargo, se espera que la mayoría de guerrilleros sean amnistiados.

A partir de los años 80, el narcotráfico alimenta y agrava el conflicto con los rebeldes. Las FARC y el gobierno de Santos acordaron un plan para la sustitución de narcocultivos en las zonas de influencia guerrillera, mientras la organización comunista se comprometió a desvincularse del negocio.

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