La Justicia Electoral no rindió cuentas en concepto de pagos de viáticos de sus funcionarios por más de G. 10.000 millones, según el documento al que accedió el diario La Nación en el ámbito del Ministerio Público. Durante los últimos 3 meses del 2015, el órgano electoral no presentó ningún documento respaldatorio para justificar los desembolsos y son justamente los meses en los que más se gastó en este rubro.
El documento (planilla) indica que la Justicia Electoral no presentó balances por un total de G. 10.018.177.431 en el rubro de viáticos del 2015. En el informe, que presentó la Contraloría General de la República al Ministerio Público, se puede observar que desde setiembre a diciembre del 2015 no se rindió cuentas sobre el uso de los recursos. Además, entre otras irregularidades se puede observar que en abril hay unos G. 7.609.840 que no se justificó, en mayo otros G. 2.390.160 no justificado, entre otros.
La citada suma se agrega al millonario derroche en pasajes aéreos, contratados por la Justicia Electoral, en agosto del 2015, por un monto total de G. 2.000 millones que fueron repartidos a 3 agencias de viajes. Los tres contratos para viajes al exterior fueron firmados un mismo día –el 20 de agosto del 2015– y vencían también el mismo día –el 31 de diciembre– todos ellos avalados con la firma de la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del TSJE, Marcia Lorena Samudio. Las agencias de viajes contratadas fueron Amitour, InterExpress y ServiTravel.
El caso saltó a la luz pública a partir de las denuncias de presunta mala utilización de viáticos por parte de la ministra de la Justicia Electoral, María Elena Wapenka, quien había percibido dinero por charlas en Alto Paraná, Itapúa y Amambay, figurando fuera del país, según informaciones del Departamento de Migraciones. Además de otros cobros de viáticos que se realizaron en el mismo período por viajes al extranjero.
Tras este caso los otros dos ministros, Jaime Baestard, presidente del TSJE, y Alberto Ramírez Zambonini, vicepresidente, también fueron acusados de cobrar viáticos de forma irregular. Pero todos ellos indican como la responsable de esta irregularidad a la ex administradora de la institución, Liliana Benítez. El caso está siendo investigado actualmente por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.