La Cámara de Senadores aprobó ayer por mayoría el proyecto de ley que autoriza la modificación y ampliación del contrato de concesión de un tramo de la Ruta 7 a favor del Consorcio Tape Porã SA. Tras un largo debate entre los legisladores durante la sesión ordinaria de ayer, la plenaria finalmente aprobó la versión de la Cámara de Diputados, con lo que el proyecto pasa al Poder Ejecutivo.
Con la aprobación se prevé renovar –por 30 años– la concesión de los derechos de explotación y la contraprestación del mantenimiento vial de un tramo de 113 kilómetros de la Ruta 7 a favor del Consorcio Tape Porã.
Las críticas de algunos senadores se basaron principalmente en que las leyes vigentes establecen que ninguna ley puede ser ampliada antes de los 2 años de su vencimiento, además de aclarar que si será nuevamente adjudicada deberá pasar necesariamente por una nueva licitación. El actual contrato vigente vence en el 2023.
El senador Luis Castiglioni, presidente de la Comisión de Obras Públicas, dijo que "el proyecto de ley es de suma transcendencia para el desarrollo económico en general: acometer a la tarea de encontrar una manera a construir una infraestructura vial sumamente necesaria".
Por su parte, el senador Eduardo Petta criticó el incumplimiento por parte de Tape Porã con algunos puntos del contrato, pese a lo cual nuevamente se le otorgaría una ampliación a la concesión. Sostuvo también que de acuerdo al informe de la Contraloría General de la República (CGR), la empresa no rendía cuenta de los peajes que cobraba porque muchos utilizaban caminos alternativos.
Por unanimidad, el Senado rechazó el proyecto de ley "Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Asunción, a transferir a título oneroso a favor del Shopping Centers Paraguay SA" dos calles sin salida para que la empresa pueda ampliar su estacionamiento. El proyecto vuelve a Diputados.
Aprobaron también, con modificaciones el proyecto de ley de "Fomento de la Vivienda y Desarrollo Territorial", que tiene por objeto establecer normas y mecanismos para asegurar el acceso a la vivienda digna, en zonas urbanas.