El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, negó que el Gobierno haya impulsado la invasión a la propiedad privada. Aseguró estar "en la lucha permanente" de recuperación de tierras públicas, adquiridas para la reforma pero que son ocupadas por personas que no forman parte de la misma.

Sobre la grabación publicada en los medios, donde supuestamente se evidencia la manera de despojo de tierras y que involucraría a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República, admitió ser él y ratifica cada palabra que dijo en la reunión.

"Fue en una reunión normal que tengo con mi Gabinete, no sé cómo pudieron sustraer una grabación de una reunión privada en donde lo único que estábamos haciendo es bajar la línea de una estrategia jurídica que tendríamos que haber aplicado tiempo después. Estamos en una lucha permanente por recuperar tierras públicas", manifestó Cárdenas en comunicación con Radio 1.000 AM.

La mayor lucha del Indert en la recuperación de tierras públicas adquiridas para la reforma agraria y hoy ocupadas por personas ajenas a la causa, se lleva en la instancia judicial, por lo que debe reunirse con los abogados del Gabinete de la institución para saber las estrategias a ser utilizadas cuando van a intervenir algún inmueble.

Desde el inicio de la reforma agraria, el Estado adquirió más de 3.200.000 hectáreas de tierras y en la actualidad no se logró la reforma. Las tierras adquiridas son suficientes para llegar a la reforma, pero no se llega al objetivo porque gran parte de ellas están siendo ocupadas por personas que no califican como sujetos, según Cárdenas.

"Son medianos o grandes productores sojeros que no pagan ni siquiera el precio fiscal de las tierras, simplemente ursupan, se apropian y retienen la posesión y contra esos debemos fijar una estrategia jurídica para contrarrestar la situación", añadió el presidente del ente agrario.

Resaltó que este Gobierno es el único que tiene una "vocación social" de recuperar tierras e instalar un ordenamiento diferente del uso y de la utilidad de las tierras públicas de nuestro país.

Por último, aseguró que las propiedades del Estado deben tener un fin social y no puede haber un impedimento jurídico para que devuelvan a las personas sujetas a la reforma agraria, pero "siempre hay altísimos intereses en la puja".