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Por Aldo Benítez

El equipo de investigación de La Nación indagó sobre la situación penal y judicial en Paraguay, las condiciones de las cárceles y cómo avanzan los procesos judiciales, para mostrar las dos caras que tiene la justicia en nuestro país; aquella que se muestra implacable con los que no tienen recursos económicos y luego los olvida, y la otra, que es absolutamente condescendiente con poderosos de “gran billetera” o trascendencia política. Actualmente, 9.526 internos de los penales locales no tienen condena y el denominador común es que no tienen los recursos para que sus casos puedan avanzar.

Existe una falencia en el sistema paraguayo, reconocida por las propias autoridades nacionales. Los datos estadísticos representan, en estos casos, un respaldo irrefutable a la hora de hablar de los problemas que tiene el aparato judicial local, principalmente para castigar a los responsables de ilícitos, sobre todo, cuando los acusados tienen respaldo económico o político.

En ese sentido, el hecho de que más de la mitad de los que actualmente están presos en las cárceles no tenga condena, habla a las claras de un sistema deficiente. Lo reconoce Luis Orué, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia (MJ), quien, no obstante, aseguró que el principal objetivo de la institución es solucionar este problema estableciendo alianzas estratégicas con todas las partes que hacen al sistema.

Orué dijo a La Nación que, además de los convenios que están impulsando para concertar un programa de acción real que permita acelerar y definir la cuestión de los procesados, están trabajando en un proyecto de ley para rever la situación de las personas que están con procesos judiciales de años y que no avanzan, así como también una normativa que prevé sancionar a los abogados que se aprovechan de sus clientes presos, ya que aseguró que existen casos en los que los propios internos hablan de que pagaron a sus abogados para que hagan sus trámites, pero que todas las gestiones quedaron en promesas.

Eso está tipificado como cobro de honorarios por un trabajo no realizado. Pero más allá de eso, estamos totalmente comprometidos a trabajar para lograr que el sistema funcione, porque si bien existe sobre la parte judicial una responsabilidad importante, acá necesitamos que todos hagan su parte. Que los fiscales presenten las acusaciones a tiempo, que los juzgados hagan lo suyo, que los abogados no se presten tanto para las chicanas, es todo un proceso que también va a mejorar con el proyecto de ley que tiene que ser estudiado en el Congreso”, señaló Orué.

El alto funcionario no cree, sin embargo, que solamente quienes carecen de recursos económicos sientan el peso de la ley. “Tenemos a mucha gente con poder y con dinero que está presa, no creo que sólo los pobres vayan a la cárcel”, subrayó.

De los 12.000 reclusos, apenas 2.600 están condenados. La mayoría de las personas privadas de libertad están procesadas, pero no tienen idea de cómo avanzan sus casos, mientras las cárceles se convierten en “vertederos humanos”. Un ejemplo claro de esta situación es lo que ocurre en la penitenciaría de Tacumbú, que tiene apenas al 20% de su población penal con condena (ver info).

TACUMBÚ

La máxima penitenciaría nacional está superpoblada, por lo que las autoridades del Ministerio de Justicia (MJ) decidieron prohibir que sigan ingresando más reclusos al penal. Actualmente, Tacumbú registra un promedio semanal de 3.919 reos, cifra que supera ampliamente su capacidad poblacional, que llega a 1.687 internos.

Con el paso de los años, esta cárcel se convirtió en una leyenda en cuanto a los sistemas penitenciarios en Paraguay y en la región, ya que entre sus rejas fueron privados de su libertad los más peligrosos delincuentes de cada época.

Igualmente, la historia de este penal registra hechos de extrema violencia y el avasallamiento de derechos humanos para con los reclusos que se sucedieron en los últimos tiempos. El principal problema justamente tiene que ver con la falta de una política penitenciaria que permita resoluciones más rápidas y justas con las personas investigadas.

Tacumbú, todo un ícono del sistema penitenciario paraguayo, es igualmente la cara visible de la violencia y de la corrupción del sistema judicial paraguayo, un sistema que permite encerrar por varios meses a personas por robos menores, sin establecer una condena; mientras que otros, responsables de grandes estafas o de beneficiarse de dinero público mediante la política, acceden rápidamente a las famosas “medidas alternativas” que, atendiendo a los números que se muestran en las estadísticas, sólo se aplican en función a “la cara o la billetera del cliente”, ellos son los “procesados vip”.

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