La Junta Municipal de Asunción resolvió cambiar la denominación de la autopista Ñu Guasu a avenida Ñu Guasu. El cambio no es en absoluto irrelevante, pues apunta a cambiar radicalmente la naturaleza del proyecto.

En efecto, de ser una vía rápida para unir dos importantes ciudades –Asunción y Luque–, con velocidades bastante por encima de las permitidas en las áreas urbanas, sin interrupciones por semáforos o cruces con otras arterias, la Ñu Guasu se convertirá en una avenida más, de las muchas que ya conocemos y estamos habituados a sufrir con su tránsito atascado y caótico.

La decisión de la Junta obedece a la "inquietud" de un pequeño grupo de vecinos que siente que su barrio quedó dividido con la obra, a pesar de que existen pasos peatonales y calles paralelas a la autopista. Es necesario recordar que el Ministerio de Obras Públicas expuso en su momento todos los alcances y características del proyecto a los vecinos, sin que se haya manifestado entonces la menor objeción. Ahora, cuando la construcción está completa y es funcional, aparecen voces que se oponen con el débil argumento de un barrio dividido.

Una indagación acerca de los fuertes intereses inmobiliarios que se ven afectados por obras de esta magnitud quizás arrojaría más luz acerca de las motivaciones de estas diminutas protestas. La autopista Asunción-Luque es utilizada por alrededor de 150.000 personas a diario. Los intereses, la comodidad y la seguridad de estos ciudadanos son simplemente ignorados por los concejales de la capital, más preocupados por la "inquietud" de tres decenas de personas que no supieron o no quisieron asumir una posición divergente en forma y tiempo oportunos.

No existe en ninguna parte del mundo una autopista con semáforos. Son vías que deben contener un flujo constante y considerable de vehículos por distancias relativamente largas. El desplazamiento de automotores entre Asunción y Luque justifica plenamente la habilitación de una vía rápida. Hasta hace poco tiempo atrás, este desplazamiento se daba por conducto de una avenida, con sus habituales interrupciones. El resultado era evidente: embotellamientos de varios kilómetros, viajes que duraban horas, incomodidad general. Con frecuencia, a fin de ganar unos pocos metros, conductores de motocicletas y de automóviles violaban no solo las reglas de tránsito, sino también las del sentido común y de la convivencia pacífica.

Todo aquello resultaba un caos en el que imperaba la ley del más fuerte o del más inescrupuloso. La habilitación de una autopista pondría un término definitivo a esa jungla, ordenando el tráfico, haciéndolo más fluido y rápido. Lo que los concejales de Asunción quieren ahora es retrotraer todo al estadio anterior.

Cuando se emprenden obras de gran magnitud que modifican la geografía urbana es necesario desde luego escuchar todas las voces, tomar en consideración todos los intereses, evaluar todas las opiniones. Pero hay un tiempo de debate y análisis y un tiempo de ejecución y aplicación. Hoy las protestas no solo son extemporáneas, sino que además, si fueran atendidas, perjudicarían a un número muchísimo mayor de personas, además de impactar negativamente en el funcionamiento de nuestras ciudades.

Los concejales de la capital deben proteger los intereses de los ciudadanos asuncenos, pero no echando por tierra proyectos que benefician al conjunto de la población. Si insisten en esa postura estarán cayendo en una lamentable forma de demagogia.