La Fiscalía anunció que hoy definirá si abre o no una investigación penal a Noyme Yore, titular del Ministerio de la Defensa Pública; y a Germán Fatecha, director de Infraestructura de esa institución, por diversas irregularidades cometidas. Las evidencias han sido exhaustivamente presentadas por este diario y justifican una enérgica intervención del Ministerio Público.
Parientes y operadores políticos contratados con jugosos sueldos y obras concedidas a empresas fantasma o de dudosa solvencia técnica y financiera son algunas de las documentadas denuncias publicadas desde hace semanas. Los datos corresponden a fuentes oficiales que pueden ser consultadas por cualquier agente fiscal. Así las cosas, resulta inexplicable la demora del Ministerio Público en comenzar una investigación rigurosa. Se aguardan dictámenes que luego son postergados, mientras el caso podría enfriarse y termina como muchos otros semejantes, en la nada.
Lo preocupante es que no se trata solo del Ministerio de la Defensa Pública. En general, la Fiscalía no muestra la agilidad ni la energía que su crucial función exige. Es una institución lenta, burocrática y rutinaria que está lejos de cumplir cabalmente sus propósitos. Un ejemplo en este sentido es el hecho de que la Fiscalía no logre, a pesar de la acumulación de indicios, llevar a la cárcel al menos a algunos de los muchos funcionarios públicos acusados de corrupción.
Directores de entidades o ex ministros exhiben sin pudor un nivel de vida que nunca podrían explicar con sus salarios o remuneraciones, pero la Fiscalía se ha mostrado hasta ahora incapaz de probar inobjetablemente la responsabilidad de estas personas en malversaciones, sobornos o desvío de fondos.
La impunidad es la regla en la administración pública y ésta es una realidad que el Ministerio Público tiene la obligación de revertir en el corto plazo, demostrando que es verdaderamente un instrumento al servicio de los intereses de la sociedad y no un grupo de cómplices dispuestos a hacer la vista gorda ante las irregularidades y delitos a cambio de favores o retribuciones.
No servirán de mucho los esfuerzos por transparentar el sector público, por establecer mejores mecanismos de control y por incorporar nueva tecnología que desaliente a los deshonestos si el Ministerio Público y la Justicia no hacen su parte. Mientras los corruptos no sean castigados con la cárcel y sean despojados de los bienes y recursos adquiridos a costa del patrimonio público no se cambiará de raíz el modelo clientelista y prebendario que aún subsiste en el Estado.
Si la impunidad –surgida de la negligencia o de la complicidad de quienes deben combatir a los corruptos– continúa reinando en nuestro Estado y sociedad jamás se alcanzará el país libre y justo con el que soñamos. La Fiscalía debe dar un basta a las dilaciones y a las actitudes timoratas y actuar con la mayor firmeza en defensa de los intereses de la sociedad.
El soborno, el tráfico de influencias y una variedad de irregularidades constituyen no la excepción sino la norma en muchas de las oficias gubernamentales, a nivel nacional, departamental o municipal. Al Ministerio Público le cabe un rol protagónico en la lucha a estos flagelos. Es de esperar que se noten señales inmediatas de la voluntad de romper una inercia que vuelve ineficaz a la Fiscalía. Entre estas señales debe figurar una decidida intervención en el caso del Ministerio de la Defensa Pública.