La Policía Nacional reportó el fallecimiento de nada menos que 28 personas en accidentes automovilísticos entre el sábado y el martes de esta semana. Se trata de una cifra impactante, que muestra la magnitud de éste que es un problema de salud pública de primer orden. Si los accidentes de tránsito –con las muertes que causan y, casi tan grave, con los numerosos heridos y lesionados que acarrean– son una drama constante, la situación se agrava en el último mes del año.

Diciembre es un mes cargado de actividades recreativas y encuentros sociales. Clausuras y despedidas del año, reuniones de familiares y amigos, son cosa de casi todos los días durante este último mes del año. Con frecuencia, estos eventos están acompañados de abundante comida y bebida y no son raros los casos de personas que se exceden en el consumo. Por ello, siempre es buena la exhortación a la prudencia y a la moderación porque los abusos no solo perjudican al propio organismo sino que también pueden resultar en hechos trágicos e irreparables para otras personas.

Este es el caso concretamente del consumo de bebidas alcohólicas, que registra en diciembre y en los meses del verano un aumento muy notorio. No existen desde luego restricciones al consumo del alcohol para las personas adultas. Lo que de ninguna manera es admisible y debe ser penado con el máximo rigor es que irresponsables expongan a riesgo de muerte a otras personas, conduciendo intoxicados sus vehículos en la vía pública.

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La cuestión –tantas veces planteada en avisos publicitarios y campañas de concienciación– es muy sencilla: el que bebe no maneja, por su seguridad, pero sobre todo porque representa un grave peligro para sus semejantes. Lamentablemente, están muy arraigadas en nuestra sociedad prácticas y hábitos muy nocivos.

Mucha gente considera las infracciones –como por ejemplo la de manejar borracho– como "vivezas", parte de una cierta astucia criolla de quien se cree y quiere estar por fuera de la ley y por encima de las obligaciones que ésta impone. En este sentido es crucial impulsar la instalación de nuevas conductas sociales.

Un ejemplo de esto último es lo que se denomina "conductor designado", un programa de amplia repercusión en muchos países en virtud del cual al menos una persona por cada grupo de consumidores (amigos, compañeros de trabajo, familiares) no bebe alcohol. Aunque la iniciativa ya ha sido lanzada en Paraguay, todavía no tiene la expansión y difusión que se necesita.

Además de apelar a la conciencia de la población, es fundamental redoblar los controles y las inspecciones en calles, avenidas y rutas del país. En un país como el nuestro, con índices tan altos de accidentes de tránsito derivados del consumo de alcohol, este tipo de medidas merecen el respaldo de todos los sectores y constituyen, de hecho, acciones de salud pública de primerísima importancia.

Con miras a alcanzar objetivos a más largo plazo, es preciso incorporar la enseñanza de la seguridad vial en el sistema educativo formal. Ese es el camino para formar nuevas generaciones de conductores que tengan una comprensión más cabal de sus propios derechos y de los demás. Los niños y jóvenes deben entender que dirigir un vehículo –sea del tipo que fuere– no es solamente una necesidad o una comodidad, sino que es una actividad que entraña una gran cuota de responsabilidad.

A la luz de los negros y abultados números de muertes y de graves secuelas dejadas por los accidentes automovilísticos en el Paraguay, todos estos esfuerzos están plenamente justificados y constituyen elementales medidas de salud pública.

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