Varios temas pendientes deja el año que termina en el ámbito parlamentario. La designación de responsables al frente de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo tendrá que aguardar al próximo año, a la espera de mejores condiciones políticas y ánimos más abiertos a la negociación.

También en el campo económico existen asuntos que el Congreso no pudo resolver y que deberán aplazarse inevitablemente. Sin embargo, existe un punto en el que la Cámara de Senadores está aún en posibilidad de avanzar y con ello mejorar el balance del año de cara a la ciudadanía. Se trata del juicio político a los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia –Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo– que lleva prácticamente un año estancado.

Impulsar cambios en el Poder Judicial es impostergable y sería un progreso si se pueden dar pasos en esa dirección este mismo año. Es que para el ciudadano común no existe aquello de la justicia pronta y barata. No hace mucho tiempo se difundía la noticia de un hombre que iba a juicio oral en Villarrica por el robo de gallinas. Mientras tanto, políticos acusados de millonarias malversaciones y desvío de fondos consiguen alargar indefinidamente sus procesos echando mano de cuanta chicana o maniobra dilatoria exista.

De esta manera, la subordinación de magistrados a los dictados de los caudillos y líderes partidarios es más que patente. El Poder Judicial está muy lejos de ser una estructura en la que la integridad ética, la solvencia profesional y el trabajo empeñoso sean credenciales necesarias y suficientes para ascensos y promociones. Se registran además índices alarmantes de corrupción, con jueces y funcionarios que ostentan un nivel de vida que jamás podrían sufragar con sus salarios.

El Poder Judicial sigue siendo una pesada y farragosa maquinaria que debe soportar la carga adicional de la presión e intromisión de los políticos. Entretanto, la ciudadanía no recibe aquello que es fundamento esencial del Estado y la República: la absoluta igualdad ante la ley de todos los habitantes del Paraguay. Mientras esta condición elemental no se cumpla, los progresos económicos y el desarrollo social serán siempre relativos y la sociedad paraguaya no tendrá estabilidad ni previsibilidad.

Sin instituciones sólidas toda construcción social se vuelve endeble y tambaleante. Sin un Poder Judicial fuerte y con plena autonomía de cualquier factor externo no tendremos nunca el país estable y previsible que soñamos. Para peor, han surgido serios indicios de que jueces del más alto nivel se han mostrado complacientes y favorables con reconocidos criminales y traficantes.

El panorama es, en resumidas cuentas, verdaderamente desolador y los cambios de raíz son urgentes si no se quiere transitar el camino de violencia que sufren otros países del continente.

Hay que mencionar también que con frecuencia las obligaciones administrativas consumen un valioso tiempo que hubiera sido preferible usar para atender con eficiencia los casos elevados a la máxima instancia judicial. En este sentido, existen otros desafíos que son necesarios encarar lo antes posible. La modernización del aparato judicial, la oralización de todos los procedimientos según dispone la Constitución Nacional y la creación de una carrera judicial son solo algunas de las tareas que la clase política tiene por delante.

La Cámara Alta tiene aún la posibilidad este año de dar un paso con la reactivación del referido juicio político.