El presidente Horacio Cartes firmó ayer el decreto por el cual objeta totalmente el proyecto de ley Nº 5.521 referentes a los inmuebles de "Antebi Cue", que abarca los departamentos de Concepción y Amambay. El planteamiento establece un régimen especial y transitorio para la regularización de la tenencia y ocupación irregular de fracciones de los inmuebles que forman parte de las fincas que fueron expropiadas por la Ley Nº 517/95".

A criterio del Poder Ejecutivo existen fundamentos para la objeción total del proyecto de ley, basados en que los inmuebles expropiados por la Ley del '95, fueron transferidas a favor del Instituto de Bienestar Rural, y debieron ser ocupados por beneficiarios del Estatuto Agrario, a fin dar cumplimiento a los planes de la Reforma Agraria.

"Sin embargo, hoy a casi veinte años de la entrada en vigencia de la Ley de expropiación, aún siguen las complejidades y los conflictos con la ocupación irregular de los mismos. Pudiendo resumirse en el casi nulo pago por las tierras a favor del Indert por los sujetos de la Reforma Agraria, por un lado, y por el otro, la tenencia y ocupación precaria e irregular de las tierras por personas físicas y jurídicas que no son sujetos de la reforma agraria", expresa parte del comunicado de la Asesoría Jurídica.

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Al respecto, el presidente Cartes expresó, "en principio entendimos que era bueno, el Estado pagó U$S 45 millones y no se cumplió. En una opinión muy personal, se ha mal expropiado eso, y ya que no fue en donde tenía que ir, en un principio queríamos recuperar por lo menos ese dinero", explicó el mandatario.

El titular del Congreso, Mario Abdo Benítez, había solicitado al jefe de Estado que vete la ley teniendo en cuenta que se podría dejar un nefasto antecedente de concesión de tierras que fueron expropiadas para la reforma agraria.

En 1995, el Estado paraguayo expropió por ley unas 224.000 hectáreas para campesinos sujetos de la reforma agraria, pagando la suma de US$ 45 millones al propietario Roberto Antebi. Con el correr de los años ingresaron no solo campesinos sujetos de la reforma agraria, sino políticos que montaron estancias y que supuestamente se asociaron con narcotraficantes.

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