Horas antes de ser destituida por el Senado vía juicio político, la ex subcontralora Nancy Torreblanca presentó a tempranas horas de ayer su renuncia como titular interina de la Contraloría General de la República, pese a que un día antes anunció que no estaba en sus ánimos dimitir del cargo. La renuncia fue presentada por su abogado Enrique Snead ante la Cámara de Diputados, que había pedido su destitución por mal desempeño de sus funciones.
Una vez conocida la renuncia de Torreblanca, el presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, decidió desconvocar la sesión extraordinaria que estaba prevista a partir de las 9:00 con el fin de dar una sentencia a la ex subcontralora, cuya destitución estaba cantada -según los votos- por los mismos hechos que el ex contralor Óscar Velázquez, quien también había renunciado semanas atrás horas antes de ser enjuiciado por el Senado.
La Cámara de Diputados deberá ahora admitir la renuncia y en el pleno aceptar o rechazarla; de darse la aceptación, el caso ya será archivado. El senador Eduardo Petta señaló que le hubiera gustado llevar a término el juicio político y concluir en forma con el circuito. "Hicimos el análisis tanto de la acusación como de los elementos probatorios, teníamos tomada una decisión, porque se han probado irregularidades en la administración, y hubiera sido interesante que la ciudadanía conozca por qué fue removida del cargo", dijo el senador.
En contrapartida, el defensor de Torreblanca anunció que su defendida analizará si recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta lesión en su derecho a la defensa. "Pensamos recurrir, no está nada definido, pero podemos recurrir bajo la figura de lesión del derecho universal de la defensa", señaló Snead.
Tanto Torreblanca como Velázquez fueron acusados de pagos irregulares de millonarios salarios a varios funcionarios de la Contraloría General en concepto de horas extras, sin haber cumplido el trabajo. El caso se encuentra ahora en el ámbito del Poder Judicial, en donde ambos, además de otros ex funcionarios de la Contraloría, se encuentran imputados por lesión de confianza.