El juez penal Alcides Corbeta benefició con medidas alternativas a la prisión a Liz Paola Duarte, conocida como la "secretaria de oro" de la Contraloría General de la República, imputada por cobro indebido de honorarios. El citado magistrado dispuso una fianza de G. 600 millones, que fue asumida por el abogado Víctor Rivas; también impuso a la imputada la prohibición de salida del país y la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial.

De esta manera la imputada estará en libertad durante el tiempo que dure todo el proceso penal que soporta. El pedido de la aplicación de medidas fue solicitado por la fiscala Victoria Acuña, quien lleva adelante la investigación fiscal.

"Muchas preguntas aún no les voy a poder responder debido a que todavía no declaré en la Fiscalía y cuando me presente en el Ministerio Público tendré mi versión y conversaré con ustedes", expresó Duarte al retirarse tras concluir la audiencia. Aseguro, empero: "Nunca cobre la suma de 37 millones que se ha publicado en los medios; no sé de dónde salió esa información y tienen que verificar bien, porque yo nunca cobre ese dinero". "Cómo voy a trabajar 27 horas, si un día tiene 24 horas y lamentablemente no soy la mujer maravilla", manifestó al retirase del juzgado.

Respecto al motivo de su renuncia poco después de publicados los hechos en cuestión, la imputada se limitó a responder: "Ya sabrán por qué renuncié al cargo que estaba ocupando".

La fiscala Victoria Acuña imputó a Duarte sobre la base de los indicios del cobro de millonarias sumas de dinero por horas extras que la encausada nunca cumplió. A través del sistema de circuito cerrado se pudo ver que la mujer nunca asistió a su lugar de trabajo entre enero y diciembre del 2014 y desde enero hasta mayo del 2015. Sin embargo, en tales períodos cobró sueldo y abultadas horas extras.

En esta causa también están imputados el contralor Óscar Velázquez y la subcontralora Nancy Torreblanca, bajo cargos de estafa en el ejercicio de sus funciones públicas, cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado de un hecho punible. La audiencia para el actual contralor está marcada para el 5 de agosto.