Actualmente, se encuentran en plena discusión en el Congreso Nacional algunos puntos de la Ley de Alianza Publico Privada (APP) que hoy da sus primeros pasos. La ruta 2 y 7 son los proyectos inmediatos, asimismo, en agosto se llamará a licitación para el plan de ampliación del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, y como tercera prioridad se encuentran los acueductos.

Representantes del sector público y privado participaron de la Mesa de Negocios organizada por el diario La Nación, donde se debatió sobre las consecuencias que representaría para el país la modificación del Articulo 52 de la Ley de Alianza Publico Privada. El próximo 4 de junio, la Cámara de Senadores decidió fijar como fecha de tratamiento a la citada modificación.

El pedido de modificación al artículo fue presentado por el partido Frente Guasu que lidera el senador Fernando Lugo. La legisladora, del mismo partido, Desirée Masi, afirma que al cambiar el articulo pretenden devolver al Parlamento la potestad de concesionar o no las obras, cuando se trata de patrimonios del Estado.

El artículo cuestionado por el partido hace alusión a las facultades del poder Ejecutivo a determinar los proyectos específicos a ser ejecutados.

Emiliano Fernández, viceministro de crecimiento económico inclusivo de la Secretaría Técnica de Planificación, Marta Granada, asesora jurídica, del STP Facundo Salinas, Encargado de Alianzas Público – Privada del Ministerio de Hacienda, el economista Enrique Varela, Guillermo Mas, titular de Cavialpa y Guillermo Alcaraz, director de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), sostienen que la ley es la herramienta más oportuna para el país, debido a que el nivel de endeudamiento está en el tope y los recursos del Estado son insuficientes.

LN: ¿Porqué es tan importante la Alianza Público – Privada para el desarrollo del país?

- EF: Quiero citar el Artículo 176 de la Constitución Nacional(CN) que habla del desarrollo económico nacional. Nos manda para que la política económica genere desarrollo social y cultural. Todos los gobiernos en consecuencia tienen que generar instrumento para el desarrollo económico. La Ley de APP es un instrumento de política pública que sirve para generar infraestructura. Debemos mencionar que sin infraestructura no hay desarrollo económico, entonces el primer mandato constitucional que obedece ésta Ley es el desarrollo económico.

- GA: Si el Paraguay quiere ser un país abierto al mundo y necesita capital extranjero para desarrollar infraestructura, una de las herramientas que se tiene es la Ley de Alianza de Publica Privada (APP), que no es un invento paraguayo, es algo que tienen los demás países. Por dar un ejemplo, Chile maneja US$ 15.000 millones de inversión directa a través de ésta Ley; Perú maneja alrededor de US$ 10 mil a 12 mil millones; Colombia una cifra igual en una cuarta generación de APP. Es decir, países que son exitosos en inversión de infraestructura, eso es lo que te ayuda a conseguir el desarrollo económico finalmente.

Paraguay hizo muy buen avance al quitar la Ley y crear la institucionalidad, eso generó una mejor calificación en el ranking de los países con mejores condiciones para el desarrollo de la APP. Antes de eso, ni aparecíamos en ese ranking y hoy estamos entre los países emergentes. El principal es Chile y la pregunta es: ¿Querés parecerte a Chile? Bueno, tenés un instrumento para parecerte. Pero ¿No querés parecerte? Cambiá y hacé lo que quieras con la Ley.

Actualmente, los países de la región empiezan a competir por la atracción de capitales de las grandes empresas desarrolladoras de la APP, y si en Paraguay se cambian las reglas, después de haber empezado el partido; esos inversores van a ir a los otros países.

LN: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del cambio del mencionado artículo?

EV: El cambio de ley es un juego muy peligroso, porque ésta discusión que se está dando, a causa de querer modificar, ya está creando incertidumbre. Hay que hacer conocer con mejor claridad los procesos y detalles que tiene la Ley de APP, como también los efectos, ya sea negativo o positivo, que puede traer consigo el cambio de ley. Si eso no se demuestra con absoluta claridad, entonces eso puede crear una incertidumbre que permite que las inversiones al sector se dificulten y aumenta la percepción del riesgo. También sería bueno demostrar la dinámica de los demás países exitosos de la región, hay que explicitarlo, creo que es un tema demasiado central para que la discusión se despolitice y se justifique técnicamente y que asuman sus responsabilidad, los que deben hacerlo, si quieren cambiar como los demás países del mundo lo hacen.

FS: Esto es un proceso inicial, desde el MOPC estamos en fase de precalificación para las rutas 2 y 7, y cuando termine este proceso, vamos a tener que explicar a nuestros potenciales inversionistas que ya están gastando en nuestro país, de que quizás el contrato que llegamos a discutir en la mesa, cuando llegue al Congreso, los legisladores tienen la plena potestad de cambiar artículo por artículo como se le antoja. Entonces, todo el modelo de negocio estará supeditado a una instancia, por la cual las dos partes que se estén sentando a construir, tanto, infraestructura como negocios, no van a tener la certeza del producto que va salir. Eso significa de que vamos a estar matando la iniciativa privada, sometiendo al arbitrio de los tiempos políticos. Como país, una de las cosas más importante que debemos proyectar es la previsibilidad de los negocios, y salvaguardar los bienes y derechos de cada ciudadano, como por ejemplo, el derecho a invertir.

EF: Los efectos son colaterales, pero son tan directos, que contagian a otras leyes de inversión pública como la Ley de proyecto de llave en mano, que también necesita inversión extranjera para generar infraestructura para el desarrollo. Esas leyes también van a ser impactadas por un efecto colateral llamada previsibilidad jurídica, eso hace que esa ley se vea en riesgo. Otro efecto que es bueno aclarar es que la Ley APP es mundial, no es una ley local, tiene 20 años en el mundo. India hace 700 APP por año, todo el globo hace APP y conoce el negocio, es un mercado mundial y financiero. Las calificadoras de riesgos internacionales evaluaron nuestra nota ascendente, el motivo que tengamos una Ley APP de conocimiento mundial, de cómo podemos potenciar la infraestructura.

El cambio en la Ley va tener un impacto directo en ese monitoreo que hacen las calificadoras internacionales y va repercutir en esa escala que hicimos para llegar al grado de inversión, y hasta puede llegar a bajar inclusive. No tener grado de inversión significa aumentar los costos de financiamiento del gobierno, eso es un efecto colateral. El Estado no tiene todo el dinero para generar obras públicas, necesita de la colaboración del sector privado para generar desarrollo económico.

LN: ¿Cuáles son las falencias principales del país que puede cubrir la APP?

GM: Para nosotros el tema de APP es muy importante, sabemos que los recursos del Estado son limitados, la capacidad de crédito es limitada y hay ciertos trabajos que se puedan hacer por otros caminos. Ese camino es de la APP, nuestro país en infraestructura está en un nivel muy bajo, comparado con la parte vial como Uruguay. Necesitamos 15 mil km de rutas asfaltadas, hoy tenemos 5 mil nos faltan 10 mil a un millón de dólares por kilómetro, son US$ 10 mil millones solo en rutas. Luego tenemos otro grave problema, la parte de saneamiento. Nuestro sistema cloacal y de agua corriente y desagüe da pena. Tenemos 4 cuencas cloacales, agua arriba que está tirando todos sus desechos al río Paraguay que chupa la bomba de Viñas Cué y va a la planta de tratamiento que se envía para el consumo humano. Aguas abajo tenemos otras 12 cuencas cloacales, que poluyen totalmente el río. No tenemos más peces, esos pescadores que tanto están sufriendo. Solo esa planta de tratamiento esta costando más de US$ 1.000 millones. Gran parte de Gran Asunción no tiene sistema, se usa pozos ciegos, estamos contaminando las napas freáticas(aguas subterráneas). Se necesitan US$ 500 millones para una parte.

Después, la parte de la distribución de la energía eléctrica. Recorro mucho el interior del país y da pena, se hacen redes con algunos palos y con una línea monofásica de 23.000 voltios y con un transformador, esos cables vienen alguna tormenta se cae y hay electrocutados. Hoy viajar a Ciudad del Este, cuántas horas lleva? El sobrecosto que tenemos es un drama viajar a horas pico, no hay luego hora pico. Para nosotros esta es una ley muy oportuna y daría la modificación de misma una pésima imagen del país internacionalmente, vamos a quedar como país poco serio.

LN: ¿La APP sólo sirve como herramienta para la construcción o también para otras funciones?

FS: Mucho puede ser que se cuestionó la amplitud de la Ley APP pero acá también se debe hablar de una serie de necesidades en diferentes áreas, la ley APP viene a dar muchas facilidades, porque debes tener un menú de oportunidades, aeropuerto, rutas, acueductos, plantas de tratamiento, agua energía porque de acuerdo a tus necesidades vas a ir moviendo las fichas con el sector privado. Segundo, la flexibilidad la APP no solo sirve para construir, sino que sobre todo para mantener. Cuál es el déficit normalmente en la región: el mantenimiento, porque él político lo que busca es la inauguración. Entonces, la virtud que trae la APP es el mantenimiento, la operación a largo plazo, durante la vida de este activo. Durante 30 a 40 años va estar mantenido con los niveles de seguridad. Lo que hace la APP es ponerle estándares de calidad.

MG: No vamos a entrar en un debate jurídico, el artículo 52 el Congreso ya dio una autorización legislativa, ya dio 16 tipos de proyectos. Lo que se quiere cambiar ahora el momento que el Congreso va otorgar y se quiere proponer que sea cada caso específico, teniendo que salir una ley por cada contrato al final del proceso. Hay que tener en cuenta que los países de la región tienen nuestro mismo modelo.

LN: ¿ El patrimonio del Estado corre riesgo al pasar en manos del sector privado? ¿Cuáles son?

GA: Nosotros desde el MOPC podemos decir que mantener las rutas es muy difícil, y es totalmente insuficiente y la sociedad siente. Existe un concepto totalmente errado, es importante sacar de la cabeza de la gente que el mantenimiento del activo no es del concesionario o del contratista, es un activo del Estado, no existe en ningún momento una transferencia del patrimonio, sigue siendo del país. Eso es lo bueno de esta ley, porque no solo lo mantenemos, sino que mejoramos la calidad de los activos que componen. No existe esa degradación del patrimonio, por ejemplo de nuestras rutas que si no le hacemos mantenimiento entre 2 a 3 años, al 4to. año está destrozada. La ruta tiene una vida útil entre 20 a 30 años si está bien mantenida. Pero dependiendo del peso de los vehículos, el deterioro y si uno analiza la eficiencia de los recursos a usar, porque 10.000 veces más eficiente hacer un buen mantenimiento para una ruta que construirla, dejarla deteriorarse y volver a construirla.

GM: Para que tengan una idea, una ruta se inaugura que cuesta US$ 100 millones, si a partir del día de la inauguración cuesta US$/Km 5 mil, ósea va tener un costo de US$ 500 mil por año, en 10 años, US$ 5 millones. Pero no se hace eso, tenemos que volver a hacer con una inversión de 50 a 60 millones de dólares, con todos los retrasos.

EV: Creo que no hay mucha discusión de que el Estado tiene la capacidad financiera para hacerlo solo y tampoco hay mucha discusión que la APP es el camino que el mundo ha adoptado y es el único camino que tenemos porque la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado va llegar a su tope. Una cosa es la discusión sobre la importancia del instrumento y otra si el Poder Ejecutivo lo aprueba. Creo que la discusión se va direccionar quién lo aprueba y de que está politizada lo está.