Los senadores decidieron ayer aprobar con modificaciones el proyecto de ley sobre el financiamiento político, donde centraron su preocupación en el artículo que contempla la devolución del subsidio por parte del Estado a los partidos políticos, antes que de establecer parámetros rigurosos contra los aportes que podrían provenir del narcotráfico o de otros hechos punibles.
El objetivo de la normativa es evitar que dinero proveniente del narcotráfico, la evasión y lavado de dinero, sean utilizados en campañas políticas.
Parte de las modificaciones aprobadas, según texto de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico, así como otras planteadas durante el debate en el pleno, señalan que en el Artículo 157 se supriman los requisitos de presentación de candidaturas de Certificado de Cumplimiento Tributario al día, la Constancia de presentación ante la Contraloría General de la República de la declaración jurada, para el caso de funcionarios públicos e Informe de Auditoría sobre el origen y la situación del patrimonio actual de los candidatos.
Otra modificación es del artículo 281 donde solicitaron suprimir el último párrafo en el cual se establece que el TSJE correrá vista a la Contraloría General la rendición de cuentas realizada por los partidos políticos para que la misma realice una auditoría, pudiendo aprobar o rechazarla.
Por otro lado, solicitaron restituir los aportes y subsidios recortados por la ley 4743/12 "Que regula el financiamiento político" y derogar los artículos que establecen tope de gastos electores y sanciones a su violación.
En representación de la ANR, la senadora Lilian Samaniego dijo que su partido aprueba la restitución del subsidio estatal a los órganos políticos porque sin los aportes y subsidios no se puede confiar en las fuentes de financiamiento de las campañas electorales elevando los niveles de incertidumbre sobre los candidatos o el lugar de origen del dinero utilizado en las campañas.
La normativa vuelve ahora a la Cámara Baja, quienes deberán analizar las modificaciones planteadas por el pleno del Senado, optando por la aprobación o el rechazo. Los diputados encargados de la elaboración del proyecto de ley fueron los liberales Amado Florentín y Sergio Rojas.