Abogados de los fondos especulativos ('buitres') que han demandado a Argentina en Estados Unidos apelaron el miércoles a la corte de distrito de Nueva York para ver si la colocación el martes de un bono soberano viola fallos previos contra Buenos Aires.

El juez Thomas Griesa, que ha respaldado el reclamo de NML Capital y Aurelius Capital Management por el pago de 1.330 millones de dólares por bonos argentinos en default, pidió al abogado argentino que brinde detalles sobre la flamante colocación.

Robert Cohen, abogado de NML Capital, objetó la venta por considerarla "una transacción muy inusual" y sugirió que podría haber violado un fallo de Griesa que busca obligar a Buenos Aires a pagarle a los fondos especulativos.

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El gobierno argentino ofreció el martes un bono soberano en dólares en el mercado local, evitando resoluciones previas de Griesa que han bloqueado su acceso a los mercados de capital internacionales.

Con este Bonar 24, con un rendimiento de 8,75% anual, el gobierno captó 1.415 millones de dólares, mucho más de la oferta inicial de 500 millones de dólares.

En la audiencia del miércoles, Cohen indicó que quiere saber si la venta del bono contraviene las órdenes de Griesa y si el monto recolectado debe ser usado para satisfacer los reclamos de los fondos.

El abogado de Argentina, Jonathan Blackman, indicó por su parte que Griesa "no tiene jurisdicción para detener esta transacción", que aseguró es estrictamente doméstica.

Griesa consideró "legítimo" el pedido de Cohen de información pero no se pronunció sobre si la emisión del bono viola sus órdenes.

"Estoy resolviendo que los demandantes tienen derecho a determinar si el nuevo financiamiento producirá activos que puedan satisfacer, total o parcialmente, las deudas insatisfechas y de larga data de los demandantes", indicó.

"No veo ninguna indicación fáctica de que el país esté intentando evadir órdenes previas", añadió.

NML forma parte de un 7% de acreedores que rechazó adherir a los canjes de 2005 y 2010 para la reestructuración del 'default' argentino declarado en 2001.

El 93% de los bonistas aceptó los canjes, pero el fallo de Griesa impide a algunos acreedores cobrar los intereses de bonos emitidos bajo ley estadounidense, que el gobierno ha depositado desde julio de 2014.

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